México.- Las conversaciones que ha sostenido la prestamista mexicana, Crédito Real en los últimos días con tenedores de bonos extranjeros ha llevado a los acreedores a retrasar la solicitud para una audiencia de quiebra involuntaria en Estados Unidos.
De acuerdo con una fuente cercana, las negociaciones se centran en un diálogo para establecer qué activos le restan a la compañía y si estos son viables para su recuperación.
Tanto los tenedores de bonos, como los acreedores no garantizados participan activamente en las pláticas con Crédito Real, en lo que supone un primer paso hacia un acuerdo que pueda colocar en un mejor escenario para la industria de prestamistas no bancarios en general y en específico el descuento por nómina.
Cabe recordar que en febrero pasado, la financiera se vio en aprietos ante el incumplimiento de un bono de 176 millones de dólares, lo que provocó que los bonos perdieran el 99% de su valor.
No obstante, actualmente se encuentra en una mejor posición de recuperación económica, pues de acuerdo a sus proyecciones, podría alcanzar hasta 20-25 centavos en 24 meses comparado con los 14 centavos que lograría en 6 años bajo el esquema de un concurso mercantil.
Por su parte, Crédito Real mantiene su negativa a litigar su caso bajo el Capítulo 11, ya que de aceptarlo las leyes estadounidenses la obligarían a salir de la jurisdicción mexicana donde se ha centrado la liquidación, priorizando responder a los bancos garantizados, en su mayoría locales, y Nacional Financiera (NAFIN).
Asimismo, el proceso de liquidación continúa debido al amparo concedido a la apelación, con lo cual se presenta la oportunidad de concretar con los acreedores no garantizados, en su mayoría bonistas, una recuperación superior a la esperada.
Gracias a este proceso, que significa un ahorro en costos de asesores, le permitió a la financiera negociar con agilidad y efectividad descuentos con bancos en promedio del 25%.
De concretarse el acuerdo con los bonistas, Crédito Real podría entrar en una quiebra dentro de las leyes de concurso mercantil, lo cual impactaría de manera positiva los mecanismos y controles necesarios para operar una liquidación ordenada y transparente, que, además de maximizar el valor para los acreedores, protegería a la industria, los empleos y las subsidiarias que permanecen en el mercado.
Redacción
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