EEUU.- El megaproyecto gubernamental con participación privada busca impulsar el desarrollo y el turismo de cinco estados del sureste del país. Los especialistas en derechos humanos advierten que pondría en riesgo las garantías de las comunidades originarias a la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Y piden que se incluya a esos pueblos en la toma de decisiones.
El Tren Maya es un megaproyecto del gobierno mexicano con participación del sector privado que contempla 1500 kilómetros de vías férreas tendidas a través de península de Yucatán y los dos estados del istmo de Tehuantepec, en el sureste del país, y que busca reducir los tiempos y costos del transporte de mercancías y pasajeros para impulsar el desarrollo y potenciar la industria turística.
En un comunicado conjunto, los expertos destacaron que, dado que el gobierno ha elevado al Tren Maya a la categoría de proyecto de seguridad nacional, puede derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales, y afirmaron que esta clasificación no permite que México eluda sus obligaciones internacionales de respeto de los derechos humanos de las personas afectadas y de protección al medio ambiente.
“Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que además socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados”, dijo Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Hopenhaym añadió que la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también “suscita gran preocupación”.
Los relatores plantearon que los defensores de los derechos humanos que han señalado los impactos negativos del proyecto, enfrentan amenazas y ataques, y subrayaron que su acceso a un tribunal independiente e imparcial es limitado.
“Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, recalcaron.
En este sentido, pidieron al gobierno garantizar la participación sustantiva de las comunidades afectadas y llamaron a la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y el impacto ambiental antes de tomar cualquier decisión futura relacionada con el Tren Maya, con la intención de prevenir cualquier otro efecto negativo.
Los expertos resaltaron que se debe respetar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, y que se tiene que evaluar de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, según lo establecen las normas internacionales de derechos humanos y medioambiente.
En cuanto a las empresas -algunas de ellas transnacionales- e inversionistas privados en el proyecto de 20.000 millones de dólares, los relatores mostraron gran inquietud por la falta de diligencia en cuanto a los derechos humanos y los instaron a tomar provisiones y ejercer su influencia para garantizar el ejercicio de las garantías fundamentales de los habitantes de los cinco estados implicados.
“Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacerse de la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya”, enfatizaron los expertos.
Con información de la ONU
