Alejandro Rodríguez Cortés*.
No soy ingenuo ni pretendo negar lo innegable: México nunca ha sido un paraíso de legalidad. Sin embargo, me parece pernicioso basarse en esa lamentable verdad para justificar que violar la ley es normal, sobre todo si se hace desde un gobierno que se jacta de ser moral y éticamente impecable y que justo llegó al poder dizque para erradicar cualquier forma de corrupción e incumplimiento de las más elementales normas jurídicas.
Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia porque aprovechó el hartazgo de los mexicanos ante el abuso de poder, jueces corruptos, juicios injustos, fraudes, peculados, conflictos de interés y un sinfín de vicios que, sin embargo, han prevalecido durante 4 años de una mal llamada y ya francamente desahuciada Cuarta Transformación.
El presidente de la República promete legalidad pero justifica o aún impone la ilegalidad. Lo hizo encarcelando quizá con motivo pero sin sustento jurídico a Rosario Robles, pero también exonerando personajes como Manuel Bartlett Díaz, Irma Eréndira Sandoval, Ignacio Ovalle, Pedro Salmerón e incluso su sobrina Felipa, sus hermanos Pío y Martín, sus hijos, su propagandista Epigmenio Ibarra o su socio José María Rioboó.
Patéticos casos, desde quien dirige el estandarte ideológico del obradorismo (la compañía estatal de electricidad); o el funcionario oculto en la nómina de Gobernación para no enfrentar un gigantesco fraude en Segalmex; uno más que se escuda en la difusión cultural para no enfrentar cargos de acoso sexual; el “Goebbels” mexicano que calla sobre el crédito otorgado por un banco de gobierno en plena pandemia, o hasta los miembros de la familia presidencial que disfrutan las mieles del poder y de los negocios a su amparo.
Pero el último de los mencionados, el ingeniero Rioboó, amigo y contratista favorito de aquel jefe de gobierno que construyó los segundos pisos del Periférico, el mismo personaje determinante en el desastroso devenir del sector aeronáutico nacional, cobra ahora relevancia por ser esposo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa.
El caso Rioboó y Esquivel es una clara muestra de que la 4T normaliza lo ilegal, porque ambos crecieron gracias al hoy presidente, con casos documentados de presuntos abusos de poder y tráfico de influencias. Y ahora, el escándalo del plagio en la tesis de la ministra es minimizado o incluso trivializado por los corifeos y aplaudidores oficiosos, e incluso por el mandatario del pañuelo blanco de la ignominia.
En Palacio Nacional no les importa que su ministra favorita sea una plagiadora y como tal no tenga estatura moral ni probablemente base legal para ser miembro del máximo tribunal. Fue, se dijo sin rubor en la mañanera un error de juventud que debe ser perdonado, máxime si quienes exigen castigo no son impecables en su actuar. O sea, citando al propio presidente, “quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra”.
Escandaloso también el plagio bíblico del mandatario, que sugiere entonces que la ley no se aplicará -si así le conviene a él y a su proyecto político-electoral- porque presuntamente todos la hemos violado de una u otra manera en aquel México corrupto que él acabaría, pero que ahora impulsa a su libre albedrío. Una locura: seamos magnánimos porque todos somos pecadores. Perdonémonos los unos a los otros, pero condénese a quienes no queramos la “transformación de la vida pública del país”.
Con título de abogada o no, el desenlace de este penoso caso debe ser la salida de Jasmín Esquivel de la Suprema Corte, si queremos recuperar la esperanza de que este país todavía tiene futuro. Faltará mucho, pero prescindir de una tramposa en una posición vital es un primer paso, como será por ejemplo el que otra delincuente confesa y sentenciada no sea gobernadora del Estado de México.
Si queremos combatir y abatir la ilegalidad, lo primero es no permitir que ésta se normalice porque eso es aceptarla y, con ello, entrar al callejón sin salida del caos y la desvergüenza.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista
@AlexRdgz
