Plan B y el riesgo de la democracia

Dolores Colín

Dolores Colín.

La propuesta presidencial para reformar a la autoridad electoral, busca controlar desde el Gobierno los comicios municipales, estatales y federales, así como eliminar la autonomía de los órganos que han permitido que en México exista certeza en los votos a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Después de la aprobación en el Senado y el debate empantanado en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en relación a la renovación de los cuatro consejeros electorales (Lorenzo Córdova, Adriana Margarita Favela Hernández, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama) la lucha por la defensa del sistema electoral mexicano, está por empezar.

Lo que ya entró en operación, desde el 27 de diciembre del año pasado, dentro del llamado Plan B del presidente López Obrador, es la Ley de Comunicación Social. La Secretaría de Gobernación trabaja en los lineamientos para los programas anuales de Comunicación Social, las campañas y el Padrón Nacional de Medios de Comunicación. El cambio que no debemos dejar de observar es que no se puede calificar propaganda gubernamental las expresiones y manifestaciones de los servidores públicos. Para la Ley de Comunicación la austeridad republicana será el eje.

Los constructores del INE, hombres y mujeres que durante años lucharon por fortalecer la democracia en México, tendrán que reiniciar su lucha para evitar la incertidumbre en el sistema electoral mexicano.

SUSURROS

  1. En la Carga Aérea, la medida para impedir que la carga aérea siga saliendo del AICM no liberará operativamente una cantidad significativa de horarios de aterrizaje y despegue (slots). Estamos hablando de entre 30 y 32 vuelos diarios que representa 3% del total. La mudanza de las aerolíneas es una idea que se viene manejando desde hace casi un año, alineada con la intención de darle viabilidad al aeropuerto Felipe Ángeles. Le puedo confirmar que un día después de que se supiera la noticia los representantes de las aerolíneas sostuvieron una reunión con el AIFA en la que entre otras peticiones solicitan que la entrada en vigor sea de 180 días, y no de 90 como se plantea. Lo cierto es que la infraestructura que se requiere no solo es la aérea, también es la conectividad terrestre para que no implique costos adicionales en la cadena de suministro.
  1. Petróleos Mexicanos (PEMEX), que dirige Octavio Romero Oropeza, trabaja en su lucha contra la corrupción y gracias a las herramientas para transparentar su información ahora todos sus contratos con proveedores y deudas con éstos son públicos, además resalta la implementación de mecanismos digitales para que sus trabajadores pueden realizar trámites sin necesidad de un tercero. Bajo esta línea, la petrolera está dispuesta a compartir toda información que se requiera y ponerla a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que comanda Pablo Gómez Álvarez, pues es necesario que todo el Gobierno apoye en la vigilancia de una empresa trascendente y necesaria en México.
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