Francisco Garfias.
No le toca a Andrés Manuel López Obrador determinar si el gobierno de Dina Boluarte, la primera mujer en llegar a la presidencia de Perú, es “espurio” o legítimo. Le guste o no al tabasqueño, es la presidenta legalmente reconocida.
Boluarte juramentó ante el Congreso de Perú, tras la destitución del gemelo político de AMLO, Pedro Castillo, quien quiso establecer un “gobierno de excepción” en el país andino.
En esa lógica, resulta “absurdo y bananero”–como bien apunta el ex canciller Jorge Castañeda—que el tabasqueño se niegue a entregar a Boluarte la presidencia protempore de la Alianza del Pacífico.
El argumento de AMLO es que no quiere legitimar un “golpe de estado”, ni entregar la presidencia de la Alianza a un “gobierno espurio.” Sobra decir que ni siquiera ha reconocido a Boluarte como presidenta.
En enero de este año. Perú debió haber relevado a México en la presidencia de la Alianza. AMLO, cuyo período al frente de esa asociación terminó, iba a volar a Lima para entregársela a Castillo, pero se vino el “autogolpe” y el viaje se canceló.
La presidenta Boluarte reaccionó a la negativa del presidente mexicano. Acusó a López Obrador de perjudicar a los pueblos que integran esa asociación de países .
“Una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden en ese bloque de la Alianza del Pacífico”, dijo la presidenta a la televisión peruana, apenas hace dos días.
–¿Qué pasará si AMLO insiste en no entregar la presidencia protempore?—preguntamos a Castañeda.
–Nada. Se paraliza la Alianza o se ponen de acuerdo para pasarla a Chile o a Colombia–, respondió.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por cuatro países miembros: Chile, Colombia, México y Perú. Hay otros cuatro en proceso de incorporación.
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El caso del supuesto plagio de tesis de Yasmín Esquivel pasó de ser una infracción al derecho de autor a un pleito político en el que sus detractores reclaman su destitución o su renuncia.
Esa infracción al derecho de autor derivó en un enfrentamiento entre la ministra y las autoridades universitarias, que implícitamente dieron por bueno que la ex alumna Esquivel era la plagiaria, antes de que el Comité Universitario de Ética revisara las pruebas que presento la hoy ministra.
Vino la suspensión provisoria que una jueza otorgó a la ministra que ordena a la UNAM guardar silencio sobre el tema. hasta que no se resuelva al amparo de fondo.
La UNAM reaccionó: acata la suspensión en el sentido de no divulgar información sobre el caso, pero no está de acuerdo con el silencio que se le impone. Lo califica de “censura” y de coartar el derecho a la información.
Dice en un comunicado: “En la Universidad no se acallan las voces : por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento critico. La censura siempre será contraria a la esencia de la Universidad”.
Alejandro Romero, representante de la ministra, aclaró que no se trata de limitar la libertad de expresión de las autoridades univessitarias, sino de que estas se rijan por el principio de prudencia que debe imperar para no generar daño al honor, la reputación y dignidad de la Ministra.
Recibimos tambien un texto de las oficinas de la ministra que dice textual:
“…Aunque en varios medios se ha reproducido la informacion de que es un proceso para detener la investigación, esto es falso debido a que un representante de la funcionaria acudió a la UNAM; como lo reconoció el rector Enrique Graue, para presentar mas de 18 pruebas técnicas y científicas que acreditan que ella es la autora original de la obra.
“…Como en los años de la Santa Inquisición, se ha buscado haer un linchamiento en contra de la ministra por vías poliicas, mas no jurídicas, porquen pareciera que Esquivel no se debe defender de las acusaciones por las vías legales existentes para todos los mexicanos
“Antes de emitir un juicio de opinión, se deberá esperar la resolución del Poder Judicial porque pareciera que no se sabe reconocer entre una suspensión provisional una definitiva. También debemos de aguardar el dictamen de la UNAM que todo parece indicar le dará la razón a la ministra, debido a que las pruebas aportadas son mas que suficientes.
He visto algunas de las pruebas que Esquivel envió al Comité Universitario de Ética; leí la carta notariada del abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez donde acepta que el fue el que copió; pero también su confesión al portal Eje Central de que sí tuvo acceso al trabajo de la entonces alumna Esquivel.
Leí la deposición de la directora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, en la que admite que compartió los trabajos de la hoy ministra.
Del otro lado he escuchado el argumento de que Edgar Ulises se tituló un año antes y que al abogado y a la maestra Rodríguez “los billetearon” para eximir a la ministra. No me convencen.
FIN.
