Francisco Garfias.
El reto es llenar el Zócalo de la CDMX y nutrir las réplicas convocadas en las 96 ciudades este domingo, a partir de las 11 de la mañana. Hay que demostrar al autócrata que hay mucho pueblo para defender la democracia que se ha construido en México con sangre, sudor y lágrimas.
El domingo es el “Día D” para mostrar músculo. Quedarse en casa no es opción. El Plan B de AMLO ya está aprobado y en marcha. Pone en peligro no solo la elección del 2024, sino la democracia misma.
Para ponerlo en palabras de las más 120 organizaciones convocantes: destaza el INE con cambios legislativos hechos al vapor, en total desaseo y sin el consenso de las demás fuerzas políticas, violando flagrantemente la Constitución.
“De aplicarse el Plan B, el INE no podría cumplir con sus obligaciones con oportunidad, eficiencia y profesionalismo. Más de seis mil servidores perderán su trabajo.
Un comunicado de las organizaciones convocantes –Unid@s, Frente Cívico Nacional, Sí por México, Une México y muchas otras– precisa quienes perderán el empleo en el Instituto:
“Aquellos que actualizan el padrón y expiden la credencial de elector; los que encuentran dónde ubicar las casillas, los que capacitan, los que transportan la papelería electoral…”
***
Le toca a la Suprema Corte de Justicia decidir si el Plan B es o no apegado a la Ley Suprema. Se necesitan ocho de los once votos de los ministros para declararlo inconstitucional.
En el máximo tribunal se hacen cálculos. Hay quien da por hecho que AMLO cuenta, para validar su plan, con Arturo Zaldívar, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Faltaría un voto. Tratamos de sondear con algún ministro la solidez de la versión. Nos respondió tajante: “no tengo ni idea”.
***
El ex rector de la UNAM, José Narro, su sumó a la convocatoria. En un video que subió a redes sociales ponderó la importancia de la manifestación convocada bajo la consigna #MiVotoNoSeToca:
“La alternativa es democracia o regresión; elecciones libres y confiables; o manejadas y decididas por el gobierno.”
Y se dirigió a los universitarios: “Hoy es por la independencia del INE, mañana podrá ser por la autonomía de las universidades públicas.”
***
En la trinchera de enfrente, la del oficialismo, han intentado desacreditar la manifestación, del presidente para abajo. La obsesión por torpedearla los ha llevado a decir estupideces.
El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, dijo que la manifestación “Es para pedir la libertad de García Luna”. AMLO llegó al extremo de asegurar que el que vaya al Zócalo defiende la corrupción.
***
El presidente, por cierto, ya sumó el Poder Judicial a su lista de villanos favoritos. Al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Pardo, se le negó el uso de la palabra en la ceremonia del Día de la Bandera.
La cadena de groserías a representantes de La SCJN inició con la ministra presidenta, Norma Piña. La mando YSQ al extremo del estrado en el aniversario de la Constitución.
Luego fue el turno del ministro Alberto Pérez Dayán en la ceremonia del Día del Ejército. Lo ubicaron en segunda fila y le dijeron que si se quería ir, podía hacerlo. Ayer no le prestaron el micrófono a Pardo.
No es un secreto el desprecio de López Obrador hacia jueces, magistrados y ministros. Ese sentimiento arreció desde que Arturo Zaldívar dejó la presidencia de la SCJN.
Todavía ayer, en la mañanera, dijo:
“El Poder Judicial necesita reformarse. Es que, por ejemplo, el que los jueces dejen libres por cuestiones formales a delincuentes, lo que pasó con el caso de Caro Quintero, un ‘sabadazo’, y nosotros tenemos que estar cuidando eso, cómo que lo sueltan, ya después cambian ¿no? la resolución, sí, pero ya se fue.”
¿Se le habrá olvidado por órdenes de quien dejaron libre a Ovidio Guzmán en octubre del 2019? El hijo del Chapo ya está en la cárcel de Almoloya, pero más de tres años después.
***
Rosario Robles nunca debió haber pisado la cárcel de Santa Marta Acatitla. En este espacio hemos repetido que el delito de “ejercicio indebido de la función pública” no calificaba para ese engendro que es la prisión preventiva oficiosa.
La involucraban en la famosa Estafa Maestra por desvíos masivo de recursos públicos. A falta de pruebas, el juez Felipe Delgadillo Padierna tuvo que utilizar otra figura, apoyado en una falsa licencia de conducir presentada por la Fiscalía, para ponerla tras los barrotes. Le decretó prisión preventiva justificada.
Pasó tres años en la cárcel y sin sentencia. Salió libre el pasado mes de agosto.
Ayer, el juez Roberto Omar Paredes resolvió que su caso no debe llevarse por la vía penal, sino la administrativa. Pero a la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no le gustó el fallo.
No pasaron muchas horas antes de que la Fiscalía anunciara que va contra del juez Paredes por “actuar contra la Ley”. Anunció que interpondrá una queja administrativa contra el juzgador y le abrirá una carpeta de investigación. Por si dudaba de que hay persecución política.
FIN
