Por. José C. Serrano
El 29 de diciembre de 1970 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y entró en vigencia al día siguiente.
Se trabajó inicialmente en la formulación de programas específicos para enfrentar la problemática del aprovechamiento de los recursos naturales, la instrumentación de acciones para solucionar las deficiencias en salud, alimentación, producción agropecuaria, industrialización, educación, desarrollo rural y la descentralización de la investigación mediante la creación de 15 centros distribuidos en diferentes entidades del país.
A lo largo de 53 años, el Conacyt fue direccionando su quehacer hasta lograr una definición distintiva: organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano. Institución encargada de promover el avance de la investigación científica, así como la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. Una de sus tareas sustantivas es administrar el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En 2018 asumió la dirección general del consejo María Elena Álvarez-Buylla Roces.
Luego de cuatro meses de trabajo de las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación de la Cámara de Diputados, aprobaron tres acuerdos para el proceso de análisis y dictaminación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; la Cámara de Senadores dio su aprobación en lo general y en lo particular. Con esta decisión el Conacyt tendrá algunas modificaciones y cambiará su nombre para cumplir con las nuevas disposiciones.
Una de las modificaciones más evidentes del órgano institucional será la inclusión de las humanidades. De esta manera se transformará para llamarse Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, incorporando la letra H en su acrónimo.
De acuerdo con la información brindada por el propio organismo, se busca consolidar y reivindicar el carácter humanístico de la política científica y tecnológica del país, así como el derecho humano a la ciencia.
Uno de los aspectos relevantes con estos cambios es la eliminación de cualquier fideicomiso al interior del Conacyt aunque, de acuerdo con el organismo, ello no comprometerá la entrega de becas a las personas inscritas en los programas de investigación; dichos recursos los recibirán los investigadores de manera directa.
Un mexicano destacado en la enseñanza y defensa de las humanidades, Gabriel Vargas Lozano, profesor- investigador del departamento de filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa (UAM-I), ha sido uno de los invitados a algunas mesas de trabajo y en especial a un reciente foro, donde se expusieron durante más de tres horas muchas opiniones de investigadores provenientes de diversas instituciones y campos de trabajo.
Contundente expresa: “He leído con detenimiento la iniciativa para reformar la ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. En la exposición de motivos se hace énfasis en el espíritu nacionalista que debe primar en la política del Estado frente a la escandalosa entrega que se hizo de cuantiosos recursos económicos a empresas transnacionales como Monsanto, Volkswagen, Bayer y BMW, que ascendieron a 45 mil millones de pesos durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, sin que estuviera claro cuál sería la ganancia del país”.
El filósofo Vargas Lozano plantea que es necesario distinguir en la nueva ley dos aspectos: Que toda investigación científica y tecnológica tenga como parte fundamental la defensa de los seres humanos y su entorno. Asimismo, que se requiere tener una convicción sobre la importancia que tienen las disciplinas humanísticas como la definición de la identidad de un pueblo; sus orígenes; su desarrollo e ideales; la formación de una conciencia crítica y democrática en los habitantes, hecho ligado a la constitución de una ciudadanía activa que luche por una sociedad justa.
Enhorabuena para el recién nacido Conahcyt.
