México.- Ante la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera prioridad a la resolución de la Ley General de Comunicación Social, el máximo tribunal informó a través de un comunicado que los 11 ministros que integran la Corte determinaron que no es factible atender dicha petición, debido a que la impugnación presentada en contra del Plan B ya se listó con fecha fija para el próximo lunes ocho de mayo.
De acuerdo con el comunicado, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la SCJN, sometió a consulta de las y los integrantes del Pleno de la Corte la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018, en contra del decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. De esta manera fue que los ministros decidieron no atender la petición de forma positiva.
Asimismo, la SCJN indicó que el análisis que comenzará el lunes ocho de mayo, “no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma”.
Por último el máximo tribunal mexicano mencionó que al proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 no se le dio el trámite de materia electoral y tampoco ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.
Solicita la Consejería Jurídica de la Presidencia a la SCJN que de prioridad a la Ley de Comunicación Social y después resuelva el Plan B
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, dar prioridad a la resolución de la Ley General de Comunicación Social, antes de pronunciarse sobre llamado Plan B.
A través de un comunicado, este tres de mayo la Consejería Jurídica solicitó formalmente a la presidenta de la SCJN que con base en el orden de prelación y por seguridad jurídica, el alto tribunal debe proceder para resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.
La Consejería Jurídica destacó en su comunicado que la expedición de la Ley General de Comunicación Social fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 y enfatizó que fue bajo las mayorías parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Con información de SPR
