La Presidencia de la República señaló a la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) de sustituir al Congreso de la Unión, si invalida el Plan B de la reforma en materia electoral.
El pronunciamiento llega después de que la Suprema Corte negara la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para resolver las demandas presentadas desde 2018 contra la Ley General de Comunicación Social.
A través de un comunicado, el gobierno negó que no se cumplieran las formalidades del proceso legislativo, como lo argumentó el ministro instructor que propuso anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022 (plan B).
“En el proyecto se omite examinar la dispensa de trámite, que es una atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones, para lo cual basta que el pleno de la Cámara de Diputados determine, por mayoría, que una iniciativa es de urgente u obvia resolución”, se lee en el documento.
De la lectura al proyecto se constata que el ministro ponente es omiso en dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y 39 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la norma fundamental, pues no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, cuando es su obligación examinar en su conjunto los argumentos de todas las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. De haberlo hecho, su proyecto se habría emitido en otro sentido”, acusó.
Se señala también al ministro ponente de no estudiar que el decreto impugnado fuera expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo en revisión 308/2020 del índice de la propia Primera Sala de la SCJN, a pesar de que constituye una cuestión de interés público.
Por otra parte se niega que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el Plan B electoral el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, incluso con los criterios de la propia Suprema Corte.
“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos.”
El Gobierno Federal exhortó a que prevalezca el fondo sobre la forma, es decir, a que los ministros y ministras actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia.
