México.- Con 9 votos a favor y 2 en contra, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral, que deja sin efecto las modificaciones de la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas aprobadas en diciembre de 2022 por la Cámara de Diputados.
El proyecto de invalidez fue impulsado por el ministro Arturo Pérez Dayán, quien argumentó que se cometieron violaciones graves al debido proceso legislativo, ya que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en los tiempos reglamentados para enviar iniciativas preferentes, ni los legisladores conocieron el contenido de las iniciativas que votaron por falta de tiempo.
A favor del proyecto de invalidar el Plan B electoral votaron los ministros José Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y las ministras Margarita Ríos Farjat y la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández. Mientras que las ministras Loreta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.
En general, la argumentación para votar a favor de la invalidez del Plan B giró en torno a que los legisladores votaron sin conocimiento de las modificaciones a las leyes de Comunicación Social y la de Responsabilidad Administrativa, por la premura entre la entrega de las iniciativas a la Cámara de Diputados y el poco tiempo que transcurrió hasta su votación, lo cual habría violado el debido proceso legislativo. Además, la premura en la votación privó a las minorías legislativas de participar en un debate en igualdad de condiciones, argumentaron ministros como Zaldívar.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz declaró que, pese a que hubo violaciones al debido proceso legislativo, no fueron lo suficientemente graves como para que se amerite la invalidación de todo el proceso. Mientras que la ministra Yasmín Esquivel argumentó que los líderes de los grupos parlamentarios conocían el contenido de las iniciativas de Plan B, por lo que no habrían aprobado sin conocimiento de los legisladores.
Con información de SPR
