Francisco Garfias.
Algo debe andar mal cuando sabemos que un promedio de 83 personas son asesinadas cada 24 horas en México y nos quedamos como si le creyéramos al presidente de que sólo es “propaganda”.
Algo debe estar muy descompuesto cuando la sociedad no reacciona a la cifra de homicidios que rebasa los 150 mil en lo que va del sexenio, las más alta de que se tenga registro, de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano.
Nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para la sociedad. Como bien dice el humanista y escritor Isaac Asimov: “Una población insensible es una población peligrosa.”
Hay más señales de que el gobierno no tiene el control del país:
Tenemos medalla de oro en ejecuciones de periodistas en 2022 –14, según Reporteros sin Frontera-; y en Colima la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de 181.9 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Nos hemos convertido en un infierno para los turistas nacionales y extranjeros. En estos días tenemos tres argentinos macheteados en Oaxaca; un canadiense asesinado por la espalda en ese estado; un cuádruple asesinato en Cancún en Semana Santa.
Cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, dos de ellos asesinados. Balaceras y muertos Puerto Morelos y Tulum; en las playas mas conocidas de Acapulco…
Somos territorio hostil para los migrantes. No solo viven en condiciones infrahumanas, sino que los secuestran, los extorsionan, los encierran y hasta mueren quemados en estaciones del Instituto Mexicano de Migración.
Hace apenas cuatro días, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, daba cuenta que los homicidios dolosos en México subieron un 0.26% interanual los primeros cuatro meses de 2023. Se contabilizaron 9 mil 912 asesinatos, un promedio de 83 al día.
Un Informe de la Organización Causa en Común, que encabeza María Elena Morera, documenta que en el período enero-abril de 2023, se registraron 664 casos de tortura; 196 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; y al menos 161 masacres,
Y ni hablar de los desaparecidos. De los 108 mil registrados en los últimos 25 años, 36 mil 76 se han producido con AMLO en Palacio Nacional.
“Este es uno de los peores legados que va a dejar el presidente al país. El se va y los estragos en la imagen y el prestigio de México se van a quedar muchos años”, vaticina Jorge Álvarez Maynez, coordinador de la bancada de MC en San Lázaro.
El diputado recordó el caso Colombia, el fenómeno del narcotráfico, la mediatización de la figura Pablo Escobar, los costos que ha tenido en términos de turismo, inversiones, prestigio. “En el caso mexicano, algo similar se construye en forma acelerada”, advierte.
El panista Santiago Creel, presidente de la mesa directiva en San Lázaro, puso énfasis en un problema real: la estrategia de “abrazos no balazos” que adoptó el gobierno desde la llegada de AMLO a Palacio Nacional en diciembre de 2018.
“Proyecta muy mal hacia adentro, pero también hacia fuera. Es una burla a la comunidad mexicana, pero también a la comunidad internacional”, estimó.
Germán Martínez, Senador del Grupo Plural, completó el panorama: “La justicia está desprestigiadísima. Hay una absoluta falta de respeto al Estado de Derecho”, nos dice.
“Esto –agrega– tiene que ver con certeza a las inversiones. Ningún contrato de inversión extranjera directa acepta la jurisdicción de los tribunales mexicanos. Todos tienen una cláusula de arbitraje internacional; se hacen cobertura en tratados internacionales”, puntualiza.
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Las ofensas y agravios cotidianos del presidente no han intimidado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Todavía ayer dijo en la mañanera que el Poder Judicial “está tomado por el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco”, sin más pruebas que su palabra.
La nueva embestida no impidió que ocho de los once ministros invalidaran el decreto del Ejecutivo que declara obras del gobierno como de seguridad nacional.
El gobierno ya no podrá ocultar en que se gasta los impuestos que jalan sus encarecidas obras prioritarias: Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles.
Los tres ministros que votaron en contra de la transparencia fueron Loreta Ortiz, Yazmín Esquivel y Arturo Zaldívar.
AMLO acusó recibo, pero reviró con otro decretazo, aunque más acotado.
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Alejandro Armenta ya tiene la respuesta que exigía de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, a quien acuso de presionarlo y amenazarlo por su labor como legislador.
Le dijo al senador para que la escuche López Obrador: “sostengo en público lo que dije en privado: sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan.”
Y aunque en su respuesta reconoce que la vía utilizada no fue la más adecuada, confía en que su modo de hablar, frontal y directo, se distinga claramente de una amenaza.
FIN.
