México.- El diputado de Acción Nacional, Santiago Creel Miranda, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el último decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que clasifica los proyectos del Tren Maya, el corredor Transístmico y varios aeropuertos como de seguridad nacional.
De acuerdo con la demanda del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la medida del mandatario federal es un acto arbitrario que atenta contra el derecho humano a la transparencia y el acceso a la información gubernamental, establecido en el artículo 6o de la Constitución.
“Constituye una transgresión a las facultades legislativas del Congreso de la Unión, toda vez que el Titular del Ejecutivo Federal amplía el concepto de seguridad nacional establecido en la Ley, sin contar con las atribuciones para realizarlo”, se lee en el documento.
Por otra parte, Creel Miranda acusa al titular del Ejecutivo de buscar asumir el papel de legislador, pues intenta otorgar el estatus de “seguridad nacional” a las megaobras, sin contar con el respaldo legal para hacerlo.
“En la Ley de Seguridad Nacional, publicada el 31 de enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, se establece que los legisladores tenían como finalidad cumplir con la facultad que se les había otorgado para establecer una ley que precisará el concepto, los principios, los supuestos en los que se puede ver amenazada la Seguridad Nacional y sobre todo determinar la acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional. Todo esto para evitar discrecionalidades y arbitrariedades por parte de las autoridades”, puntualizó.
El legislador panista explicó mediante un video difundido en redes sociales que interpuso dicha demanda con el único objetivo de defender las atribuciones que la constitución le otorga al poder legislativo, representante del pueblo de México.
Asimismo, agregó que el decreto perjudica la eficacia, la economía y la honradez en la gestión de los proyectos emblema de la presente administración, tales como la construcción del Tren Maya, del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
“Esto es doblemente grave, primero porque violenta nuestros derechos humanos, segundo porque lo hace a sabiendas que es inconstitucional, puesto que la SCJN, acaba de resolver el pasado 18 de mayo una controversia constitucional, la cual establece que el presidente no puede cambiar el significado de seguridad nacional, interés público y de acceso a la información pública gubernamental”, aseveró Santiago Creel.
La presentación de la controversia constitucional viene después de que la semana pasada, la SCJN invalidara un primer decreto emitido por López Obrador en 2021, que buscaba clasificar los proyectos de su administración como de interés público y de seguridad nacional. Sobre dicho proyecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo a cargo de la revisión del decreto, lo calificó de inconstitucional por su amplitud y ambigüedad.
Por ello, y en línea con lo dicho por la SCJN, Santiago Creel exhortó al presidente que en caso de que la Corte reitere la inconstitucionalidad del decreto y si insiste en expedir un nuevo acuerdo sobre lo ya resuelto, de inmediato a nombre de la Cámara, volverá a impugnar su actuación y así lo hará las veces que sea necesario. “Sí, presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley”, sentenció, al tiempo que destacó su compromiso con la defensa de la Constitución y la separación de poderes en la República.
Redacción
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