Campeche.- La Fiscalía General del Estado de Campeche ha iniciado una investigación minuciosa sobre la desaparición ilegal del navío petrolero “Caballo Azteca”, una situación que ha desatado un enredado conflicto laboral entre la empresa Oceanografía y un grupo de antiguos trabajadores.
El abogado Doryan Francisco Rodríguez García, en representación de Oceanografía, presentó una denuncia el pasado 17 de agosto en la que se detallan acusaciones de operaciones fraudulentas y la posible implicación de funcionarios en la venta del barco por parte de los ex empleados de la naviera, a pesar del estatus de concurso mercantil de la empresa, que debería haber congelado cualquier proceso relacionado con la confiscación de sus activos.
Las acusaciones se centran en el empresario Ramón Vadillo Razu, quien supuestamente se habría apoderado ilegalmente del navío y lo habría vendido en dos ocasiones, una de ellas por una cifra impactante de 14 millones de pesos, con la presunta connivencia de autoridades locales y otros individuos, incluyendo a Antonio Rueda Medina, Luis Daniel Yañez Sánchez y José Ángel Glez.
El documento legal también señala que los trabajadores, al demandar por la vía laboral, habrían colaborado con la intención de luchar contra lo que percibían como “injusticias”, a pesar de saber que carecían del derecho para emprender acciones legales contra una empresa en concurso mercantil.
Además, se alega que la junta local de conciliación y arbitraje de Ciudad del Carmen, Campeche, ha cedido ante la presión social ejercida por los trabajadores, dejando de lado la legalidad en sus actuaciones.
Es esencial resaltar que Oceanografía, la empresa propietaria del “Caballo Azteca”, fue declarada en concurso mercantil el 8 de julio de 2014, lo que, en teoría, debería haber suspendido cualquier proceso relacionado con sus activos. No obstante, las acusaciones sugieren que Vadillo Razu habría reunido a un grupo de trabajadores con la intención de despojar ilegalmente a la empresa de su valioso navío.
La Fiscalía busca llevar a cabo acciones penales por los delitos de fraude y asociación delictuosa contra los implicados, y Rodríguez García espera que la investigación se realice de manera exhaustiva y que los responsables sean llevados ante la justicia.
Redacción
