México.- El juez José Rivas González durante la guardia que hacía al juez Edmundo Manuel Perusia, cambió la medida cautelar al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a prisión domiciliaria con brazalete electrónico, en el proceso que enfrenta en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Argumentando motivos de salud, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte, no prestó atención al análisis de riesgo procesal que presentó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se concluye que el riesgo de sustracción es alto y que no habían cambiado las condiciones bajo las cuales le habían impuesto la medida cautelar.
Rivas González tampoco revisó los resultados de las siete entrevistas en las que, distintos médicos que han atendido al exprocurador, aseguran que su estado de salud es estable.
Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Arturo Medina, aclaró que, no se exonera de cargo alguno a Murillo Karam, quien continuará sujeto a prisión preventiva justificada por tortura y desaparición forzada, que se siguen en otra carpeta de investigación ante un juez en el Reclusorio Sur.
“Estaremos atentos a que se respete la legalidad del debido proceso y, principalmente, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.”
El presidente de la CoVAJ lamentó:
- Que se haya emitido esta determinación en día inhábil de manera similar a los ‘sabadazos’.
- Que se usara la festividad del Día de Muertos como distractor.
- Que el juez de guardia haya aprovechado el sistema de turnos para restarle autoridad al juez que lleva el juicio y conoce la causa.
- Que se haya fijado la audiencia con una rapidez inusitada, en un plazo de tres horas, cuando el plazo legal de la judicialización de una carpeta es de 15 días y en ocasiones tarda hasta 10 meses después de haber sido solicitada,.
- Que esta decisión manda un mensaje de impunidad.
- Que, de acuerdo con lo informado por la FGR, durante la audiencia el juez hizo comentarios ideológico-políticos que exceden la argumentación jurídica y comprometen la imparcialidad.
La CoVAJ informó que solicitará que se interponga una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el actuar del juez al quebrantar el principio de legalidad e imparcialidad que exige que toda determinación se ajuste a las disposiciones legales vigentes.
Con información de SPR
