Jorge Miguel Ramírez Pérez.
Los estadounidenses dicen que cuando se habla de política se está hablando de dinero y en parte es verdad. La política como herramienta sirve para dirimir conflictos por medio de acuerdos, es necesaria; y su antecedente metodológico, el diálogo horizontal entre iguales, es imprescindible para mantener el orden social dentro de la paz. En el terreno de la política también se dirime la asignación del dinero público para el interés general o el bien común. Hay política de la buena y política mala, la que busca intereses personales y forzar el uso de los recursos en lo que no es necesario o prioritario.
La democracia en tal sentido usa de un esquema horizontal para tomar decisiones, considerando que las expresiones, puedan plantear sus objetivos a la luz de formas civilizadas y en virtud de su pertinencia, es decir, de su utilidad colectiva y aprovechable para la convivencia social. Estos objetivos deben adecuarse a una lista de prioridades donde lo importante precede incluso a lo urgente, y en la que lo adjetivo, bien puede ir ocupando una posición subordinada a lo sustantivo, enfocado a lo que hay que hacer indefectiblemente; y no como sucede, cuando un grupo de gobernantes quieren o les conviene realizar en su provecho de imagen o de sus bolsillos, una obra o proyectos hasta fantasiosos sin beneficio real ni presente, ni futuro para la población del país.
El autoritarismo en todas las etapas históricas cuando ha operado, difiere cualitativamente del enfoque democrático. Por principio, es centralista y sus decisiones son de cónclave, de grupos cerrados, que con el tiempo, cada vez más se cierran más; en espacios donde se decide el uso de los recursos ajenos, ya que hay que recordar que lo que está en juego es el dinero de los contribuyentes, que de ninguna manera es patrimonio de las burocracias, aunque éstas aparenten consultar a los contribuyentes.
Por eso el proceso financiero de los gobiernos en verdad democráticos, tiene un despliegue con la intensa participación del Congreso como órgano en quien recae la soberanía del pueblo. Lo que contradice lo que la opinión generalizada piensa al atribuirle al presidente y al poder ejecutivo en su conjunto el manejo del dinero oficial.
¿Cuál es el razonamiento que sustenta lo anterior que da lugar a la teoría constitucional del uso del dinero público?
En primer lugar, sintetizo, corresponde al pueblo poder asignar el monto de sus contribuciones; y dado que el poder del pueblo recae en las cámaras, éstas en su carácter soberano, es decir no obligadas por nada o nadie, determinan cuánto se tiene que desembolsar creándose la Ley de Ingresos.
Dos, como el dinero recaudado es una decisión de las cámaras, porque México es un gobierno representativo constitucionalmente, los representantes del pueblo, ante la ley, los diputados serán los que determinen en que se va a gastar lo ingresado. Lo que es lógico. Tu decides que vas a cooperar y en que se va a gastar tu cooperación… ¿estamos?
La determinación de lo que se va a gastar, formalmente se documenta en el Decreto de Presupuesto.
Tres, como el que lo va a ejercer es el gobierno, es decir el poder ejecutivo, otro poder, un tipo de poder administrativo, es el que va a ejecutar lo que le ordena puntualmente no discrecionalmente el mencionado decreto. Nada más y nada menos. No existe legalmente dinero libre. Todo está etiquetado.
Cuatro, es el pueblo también el que tiene que vigilar su dinero para saber cómo se gastó, estrictamente apegado a la autorización de los diputados que representan a los contribuyentes como elementos sustancialmente necesarios en la masa del pueblo. Por eso la Auditoría Superior de la Federación es el brazo vigilante del gasto público y depende del Congreso, aunque en nuestro país, parecería que depende del ejecutivo, porque lejos de vigilar con eficiencia, tal parece que se esfuerzan por minimizar los daños del ejecutivo al dinero de los mexicanos.
Claro está que esta teoría hasta ahora, es una teoría, porque el poder ejecutivo en el llamado México democrático, es el que decide que cobrar fiscalmente a quienes y cómo; decide en qué gastar y cómo; y mediante sus contralorías cubrir de antemano todas las anomalías maquillando los crímenes al recurso del estado, con el único fin de salvarle el pellejo al presidente y a su corte, para que sus medidas autoritarias sigan campantes y gozando de buena salud.
Como podrá analizar mi estimado lector, los presidentes no hacen caso de lo constitucional, en el pasado lo aparentaban solo formalmente y ahora cínicamente no lo hacen y ya.
Por eso toda manifestación de desacuerdo con los gastos debe ser evidenciada. El principio es claro, el llamado dinero público, no es tan público como para ser objeto de rebatiña; es dinero que tiene que ajustarse a las prioridades nacionales, no a preferencias de paisanaje de los gobernantes o clientelares.
Tocaría a un verdadero Senado, impedir que los gastos que no se inscriben en objetivos nacionales, es decir, en inversiones que no se inscriben de algún modo en el beneficio general del país, en mayor o menor grado no procedan.
Por ejemplo el tren maya no cumple con esos requisitos: no es una obra necesaria, no es prioritaria, no tiene fuente de financiamiento sana, saqueará la fuente de los ingresos turísticos nacionales, porque no se sostiene sino con ese subsidio que se distrae indefinidamente del ramo turístico, jamás será negocio para la nación, y jamás se recuperará el capital invertido, es una obra suntuosa, depredadora del medio ambiente, contaminante, superflua, inflada en costos y objeto de una enorme corrupción porque incumple todas las reglas legales de los procesos. Y le inyectaron con este Decreto presupuestal en total tres veces más de lo originalmente calculado y autorizado.
Para cerrar con esta aberración. No se puede auditar porque la pusieron como falso concepto de “seguridad nacional”, es decir, si algo le pasara, según los corruptos que la clasificaron así, sería como si México como país dejara de existir. Vaya burda maniobra. En cambio, dejaron sin dinero a Estados y Municipios, a la elección del 2024, a la salud, a las catástrofes y en apoyo de los productores, entre muchos damnificados.
