México.- En el marco del 163 periodo ordinario de sesiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) celebró una audiencia pública los días 28 y 29 de noviembre, para abordar la solicitud de opinión consultiva de México sobre “las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos”.
La delegación de México estuvo encabezada por la canciller Alicia Bárcena Ibarra, quien realizó una intervención pregrabada ante la Corte IDH, en la cual se señalaron los argumentos de hecho y derecho del Estado mexicano.
La secretaria de Relaciones Exteriores resaltó que las prácticas negligentes de las empresas productoras y comercializadoras de armas, que facilitan el tráfico ilícito de estos artefactos, acentúan dramáticamente diversas formas de violencia que tienen efectos diferenciados sobre personas en situaciones vulnerables en México y en la región de Latinoamérica.
En el marco de este proceso consultivo, se presentaron 64 escritos, de los cuales 62 apoyaron los argumentos del Estado mexicano: 4 Estados, 2 órganos de la OEA, 2 organismos estatales de DD. HH. (Puebla y Jalisco), 13 organizaciones, 24 instituciones académicas y 17 personas de la sociedad civil.
De manera particular, se destaca la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual subrayó durante la audiencia la necesidad de que los Estados regulen y adopten disposiciones de derecho interno enfocadas en controlar y fiscalizar las actividades de comercialización de la industria de armas de fuego. Asimismo, señaló que los Estados deben imponer requisitos de debida diligencia en materia de derechos humanos a las actividades desarrolladas por las empresas que forman parte de la industria de las armas, en especial cuando éstas pueden generar efectos extraterritoriales.
En tanto, los representantes de Bolivia y Colombia, así como de organizaciones de Ecuador, Argentina y Brasil, hicieron referencia a la problemática que enfrentan sus respectivos países, derivada de la alta disponibilidad de armas de fuego. Lo anterior expuso a la Corte IDH la grave situación que vive la región latinoamericana ocasionada por la violencia armada, y la necesidad de regular las actividades de este sector empresarial.
Finalmente, la Corte IDH mostró un gran interés sobre el tipo de prácticas de las empresas de armas que ejemplificarían la falta de debida diligencia en el comercio de sus productos, y que facilitarían el tráfico ilícito de armas.
Al respecto, varios participantes expusieron diversos ejemplos, tales como la falta de mecanismos de seguridad en las propias armas; la facilidad para modificarlas; la falta de verificación de antecedentes de las personas que buscan adquirir un arma; la ausencia de mecanismos de trazabilidad; la promoción de las armas entre niños, niñas y adolescentes; y la promoción del uso delictivo de las armas, entre otros.
En adición a los dos litigios civiles en curso ante cortes estadounidenses, y como parte de la estrategia jurídica implementada por el Gobierno de México para combatir el tráfico ilícito de armas y reducir la violencia que éstas generan en territorio nacional, nuestro país solicitó la opinión consultiva a la Corte IDH con el propósito de conocer si las actividades negligentes e ilícitas de las empresas privadas de armas vulneran los derechos humanos.
En dos ocasiones anteriores México había recurrido a esta facultad consultiva de la Corte Internacional de Derechos Humanos, siendo la última vez en 2003, por lo que esta iniciativa refuerza la relación con la Corte IDH y reitera la confianza de nuestro país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Con información de SRE
