Francisco Garfias.
El portazo de los seguidores del emecista Samuel García en el Congreso de Nuevo León me trajo recuerdos de Donald Trump. Su terquedad de dejar como interino a un incondicional, mientras está en campaña por la presidencia, tiene a la entidad al borde de una crisis constitucional.
La Carta Magna local dice que al Congreso le toca designar al interino por seis meses. El INE y el TRIFE ya le notificaron que él no puede designar a su substituto.
Pero hizo berrinche y cometió el error político más grave de su vertiginosa carrera política.
La ausencia de un acuerdo político llevó a la mayoría de diputados del PRI y el PAN a agandallarse con la designación del vicefiscal Luis Enrique Orozco, hombre cercano al tricolor, como interino, a partir del 2 de diciembre.
Samuel no lo reconoce. Habla de “golpe a la legalidad”. Se aferra a dejar el el cargo a un incondicional: Javier Navarro, su secretario de gobierno.
El estira y afloja condujo a los simpatizantes de candidato presidencial ‘fosfo fosfo´ a recurrir a la peor estrategia para impedir la designación de Orozco: tirar la puerta y armar desmadre, gases lacrimógenos incluidos.
El sesgo que tomó el asunto obligó a Samuel a jugar el papel de Pedro con Jesús: negó a sus seguidores.
“Me extraña. La gente de MC no es como el PRI. No son porros, nunca se han prestado a eso, yo más bien creo que puede ser un autoboicot”, dijo. La verdad salió a flote. Sí eran sus simpatizantes.***
Lorena Herrera, diputada local del PRI, subió a sus redes un mensaje en el que narra como vivió el momento:
“Tuve miedo, tengo que reconocerlo. Por mi integridad, por la de mis compañeros, y por la de mi equipo. Pero no podemos dejar que quieran pisotear la Ley a su antojo.
“Las y los diputados del Congreso de Nuevo León fuimos víctimas de golpes y de gases lacrimógenos enviados desde Palacio de Gobierno y desde la Casa de Campaña de Movimiento Ciudadano.
“El ´nuevo´ actuó como lo más viejo”, remató.
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Nuevo León es hoy nota nacional. El gobernador García Sepúlveda tiene aliados muy poderosos en el gobierno federal. El presidente López Obrador es uno.
Ayer lo defendió en la mañanera: “Hay mucho coraje, mucho enojo en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González y un sector de conservadurismo, se piensan dueños de la clase media, como si ellos fuesen borregos y no es así.”
El PRD aprovechó el balón que le puso Samuel para solicitar al INE la cancelación “inmediata” del registro del precandidato presidencial de MC.
Las razones vienen expuestas en la queja que Ángel Ávila, representante del Sol Azteca ante el Consejo General del INE, envió a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto:
Violaciones a la Constitución, uso indebido de recursos públicos y la evidente trasgresión a la neutralidad, imparcialidad, equidad en la conducta y por hacer uso de recursos públicos.
En corto explicó:
“No puede desempeñar el cargo de gobernador y al mismo tiempo ser candidato a la presidencia de la República. La Ley es clara: los funcionarios no pueden hacer uso de recursos públicos para promoverse y menos para que su partido político obtengan beneficio”.
El INE, por cierto, ya bajó los spots del precandidato presidencial naranja, porque García regresó, por unos días, al cargo de gobernador.
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AMLO le tiene miedo a la transparencia. Eso explica su obsesión por deshacerse del INAI. No sólo dio línea para que no se elijan los tres comisionados que le faltan al Instituto, sino que ayer dijo que pedirá a la Segob que denuncie “corruptelas y opacidad” en ese órgano autónomo.
Sostuvo, además, que no puede ser fiscalizado.
La Auditoría Superior le corrigió la plana. Reveló que, entre otras revisiones a la Cuenta Pública 2022, se encuentra practicando una auditoría forense al INAI.
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La SCJN atrajo un amparo interpuesto por el ex alcalde de SLP, Xavier Nava, en contra de su inhabilitación para ocupar cargos públicos por 18 años.
La sentencia fue decretada por el Congreso local en diciembre del 2021 por el supuesto desacato de una suspensión que le impedía construir un puente en los terrenos del ejido La Libertad durante su administración (2018-2021).
El Congreso, bajo control del gobernador Ricardo Gallardo, usurpó facultades del Poder Judicial. No sólo inhabilitó al ex alcalde, sino a otros nueve integrantes de su cabildo. A unos por 15 años y a otros por cinco.
“La SCJN atrajo nuestro caso y será la que resuelva, sin consignas ni intereses políticos, como el Gobierno del Estado que presionó al Congreso para lograr una bajeza,” escribió Nava en sus redes.
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Hoy rinde protesta como gobernador de Coahuila para el periodo 2023-2029 el priista Manolo Jiménez.
¿Sus retos? Mejorar la seguridad, pero también ampliar el acceso a la educación y la salud a todos los coahuilenses; y atraer más inversiones, vía el nearshoring.
FIN.
