Fernando Moctezuma Ojeda.

Como ya sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido despedirse del poder con un último acto de audacia constitucional: un paquete de diez iniciativas de reforma enviadas a la Cámara de Diputados en el marco del aniversario de la Constitución Mexicana. La cuestión es saber si esto es un legado perdurable o simplemente un asalto más a la estabilidad del país.

Por ejemplo, la Reforma Electoral: La propuesta de eliminar los legisladores plurinominales suena bien para los ahorradores de presupuesto, pero la falta de claridad sobre cómo se compensará la representación de minorías plantea interrogantes. Necesitamos saber si estamos sacrificando diversidad en nombre de la ‘austeridad republicana’.

La Reforma de Pensiones es otro “lamparazo” que deja más dudas que respuestas. La promesa de que los trabajadores reciban su último sueldo completo al jubilarse suena como un sueño dorado, pero la falta de recursos deja a muchos preguntándose si esto es más un anzuelo electoral que una solución real. Deben dejar muy claro, primeramente, de dónde vendrá el dinero; para que esto no parezca otro gesto de campaña.

Otro asunto es la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. La persistencia en revivir una iniciativa ya rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), buscando consolidar el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), nos coloca al borde de tarifas ‘a modo’, y posibles problemas constantes. Cabe cuestionar si el precio a pagar por revertir la Reforma Energética de 2013 es un país a oscuras; las dudas sobre los recursos necesarios para impulsar la generación de energía añaden un matiz otro de riesgo.

Por otra  parte, la inclusión de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) parece un intento desesperado de justificar una fuerza que ha demostrado ser ineficaz e insostenible. La ciudadanía necesita saber si aumentar el gasto corriente realmente mejorará la seguridad, pues la experiencia reciente sugiere lo contrario, dejando a muchos preguntándose si este es el camino correcto.

La propuesta de modificar la Constitución para asegurar que el salario mínimo nunca sea inferior a la inflación suena bien, pero la falta de garantías sobre la sostenibilidad a largo plazo deja dudas. Habría que saber si esta es una medida concreta o simplemente un intento de ganar simpatías antes de la despedida.

Finalmente, la propuesta de elegir jueces por voto popular plantea el riesgo de comprometer la independencia judicial y desequilibrar los poderes del Estado. Lo que queda claro es que no se puede sacrificar la estabilidad institucional por una supuesta honestidad. Sin garantías.

El último acto del presidente López Obrador es una amalgama de movimientos astutos y propuestas cuestionables. No sabemos si este será el legado que el presidente desea dejar, o no. Sólo el tiempo dirá si estas iniciativas resistirán el escrutinio y contribuirán al progreso de México o si serán recordadas como un último intento de consolidar el poder a expensas de la estabilidad. En un país donde la polémica y el debate marcan el destino, estas reformas están destinadas a ser el último capítulo controvertido del lopezobradorato.

Dijo Marco Aurelio Almazán que “la política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa”. Yo: #SóloDigoLoQueVeo.

 

JUEGO DE CARTAS:

PUEBLOS INDÍGENAS: En el Foro de Desarrollo con Identidad, el senador de Morena, Alejandro Armenta, destacó la importancia de poner fin al saqueo y la corrupción en los pueblos indígenas para erradicar la desigualdad social. Durante el evento en Alcomunga, Ajalpan, Armenta subrayó la necesidad de combatir la corrupción, cacicazgos y abusos de poder que caracterizaron a los gobiernos neoliberales. Señaló que los pueblos indígenas enfrentan la pobreza y marginación debido a la corrupción que se esconde en diferentes aspectos, como las construcciones de hospitales y escuelas, las carreteras y las complicidades entre políticos y empresarios corruptos. //VIH: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de pruebas para el autodiagnóstico del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), según anunció la Secretaría de Salud, a fin de proporcionar una alternativa a aquellos que carecen de acceso a servicios tradicionales de detección del VIH. La prueba, conforme a la Norma Oficial Mexicana (NOM) para la prevención y control del VIH, ofrece dos modalidades. Según datos hasta 2022 del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), en México habían 370,000 personas viviendo con VIH, y solo tres de cada 10 conocen su estado serológico. La Asociación Círculo Diverso celebró la medida, asegurando que “se garantizarán diagnósticos oportunos que faciliten el acceso a servicios de atención integral en salud libres de estigma y discriminación”. //SUBEJERCICIOS: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la Cámara de Diputados el informe del gasto público para el año fiscal 2023, generando preocupación por una marcada disminución de recursos destinados al sector salud. De acuerdo con el Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el análisis revela un recorte alarmante de 60 mil millones de pesos (mdp) destinados a instituciones de salud, representando un 6.9 por ciento menos de lo presupuestado. Este recorte ha impactado directamente en la disponibilidad de medicamentos y vacunas a nivel nacional, generando una situación crítica para la salud de la población mexicana. La Secretaría de Salud se ve particularmente afectada, subejerciendo 103 mil mdp de su presupuesto. Detalles específicos del informe indican que el Programa de Vacunación ejecutó solo el 21.1 por ciento de su presupuesto, generando un déficit alarmante del 78.9 por ciento. //SCJN: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el voto de calidad emitido por el ministro Alberto Pérez Dayán en el primer amparo contra la Ley de Industria Eléctrica (LIE). La Corte enfatizó que este procedimiento está respaldado por la Ley de Amparo, específicamente en el artículo 56, primer párrafo, que otorga al presidente de la sala o el pleno el voto de calidad en caso de empate. Durante la sesión de la Segunda Sala, el ministro Javier Laynez Potisek se excusó de conocer el asunto, generando un empate que requería el uso del voto de calidad de Pérez Dayán. La SCJN explicó que Laynez Potisek se excusó para evitar un retraso adicional en la resolución del caso, ante la solicitud de impedimento presentada por la Secretaría de Energía. La Corte subrayó que este voto de calidad está respaldado por la Ley de Amparo y se ha utilizado en situaciones similares previamente, citando un precedente de junio de 2022.

 

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