México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 451 votos, reformas a la Ley General de Salud, a fin de que el programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia proporcione tratamientos para su rehabilitación social y garantice los derechos humanos.
Asimismo, para que el personal que labore en instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, tengan los conocimientos necesarios en la materia y protejan los derechos humanos de las personas que accedan a los servicios que ofrecen.
El dictamen, que modifica la fracción II del artículo 192 y adiciona una fracción III y un último párrafo al artículo 192 Quáter, define que para el establecimiento de los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, que no pertenezcan al sistema público de salud, se deberá contar con licencia sanitaria emitida por la autoridad correspondiente, de conformidad con la Norma Oficial en la materia y en las disposiciones que dispongan las autoridades locales en materia de protección civil y seguridad.
Al fundamentar el dictamen, remitido al Senado, el diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM) expresó que si bien el gobierno ha trabajado en la implementación de estrategias encaminadas a la atención integral de las adicciones es una realidad que las consecuencias negativas de éstas son cada vez más complejas.
Resaltó que, de acuerdo con el Informe de Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México, durante 2021, la Comisión Nacional contra las Adicciones atendió a más de 100 mil personas a través de los centros de atención primaria de adicciones, de integración juvenil e instituciones no gubernamentales.
En este sentido, subrayó que muchas veces a las personas con adicciones se les obliga a internarse en sitios atendidos por particulares para que les ayuden en su proceso de desintoxicación y rehabilitación, donde desafortunadamente no cuentan con un adecuado protocolo, manejo y atención integral, operan sin supervisión y verificación de sus actividades, lo cual deriva en que los internos reciban tratos inhumanos, humillantes, presunta privación de la libertad, hacinamiento, precariedad y poca sanidad.
Ante ello, agregó, estas reformas prevén establecer un marco normativo que garantice el derecho a la salud, a la no discriminación y elimine cualquier violencia que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos de las personas con adicciones.
Asimismo, establece que la rehabilitación de las adicciones debe promoverse bajo un enfoque de tratamiento basado en el respeto, la empatía y la no violencia, lo cual sólo será posible con personal capacitado y con conocimiento en la materia.
Además, estípula que los centros que no pertenecen al sistema de salud deberán contar con un registro sanitario emitido por las autoridades federales o estatales, según corresponda, a fin de garantizar que cumplan y operen los estándares de calidad y protocolos que proporcionen tratamiento seguro, efectivo e integral.
Con información de la Cámara de Diputados
