Francisco Garfias.
Este domingo es el “Día D”para los detractores del régimen. A las 10 de la mañana está convocada la Marcha Por Nuestra Democracia para pedirle al presidente López Obrador que nos deje votar en paz el próximo dos de junio.
Pero también a los gobernadores y presidentes municipales que dejen de desviar dinero a la campaña oficialista; y a los órganos electorales que hagan su trabajo con autonomía.
Y algo no menos importante: que se blinde a la elección del dinero y la amenza del crimen organizado. “No más campañas financiadas por el narcotráfico”, reclaman las 217 organizaciones que convocan a la Marcha.
La cita es este 18 de febrero a las diez de la mañana directamente en el Zócalo Capitalino. Simultáneamente habrá concentraciones en otras 100 ciudades del país y 17 en el extranjero.
Las manifestaciones serán termómetro para saber no sólo de qué tamaño es el temor de que se produzca una elección de narco-estado. Servirá también paa medir el descontento en contra del autócrata.
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Por la forma en que blindaron Palacio Nacional, el gobierno espera una manifestación mayor. Vallas metálicas de tres metros de altura fueron colocadas a lo largo de la fachada de Palacio Nacional.
En forma paralela, el presidente utilizó la mañanera para intentar desacreditar la Marcha:
“El jefe del bloque conservador es Claudio X. González hijo, es de los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia.
“¿Cómo les va a importar la democracia, si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la Presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés”, puntualizó.
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En el gobierno federal ya no saben qué hacer para cambiar la conversación. Los nuevos señalamientos hechos a Latinus por el presunto líder de Los Ardillos, Celso Ortega, acaparan reflectores.
Celso asegura que en el 2006, cuando era de los Zetas, entregó dinero a la campaña presidencial de AMLO, por instrucciones del Z-42.
Estos señalamientos se suman a los ya hechos por Tim Golden, ex corresponsal del NYT en México; Anabel Hernández, en Deutche Welle , y Steven Dudley, en InSight Crime, sobre recursos del Cartel de Sinaloa a esa misma campaña.
La pobreza de argumentos para responder a los graves señalamientos quedaron plasmados en la intervención de Pablo Gómez, titular de la UIF, en la mañanera. Habló de la “trama corrupta” del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada.
Pablo dice que el gobierno de México reclama en una Corte de Florida 634 millones de dólares que fueron pagados por distintas entidades públicas, transferidos a través de paraísos fiscales a ese estado de la Unión Americana y aplicados en la adquisición de bienes muebles, inmuebles y en otros activos. “Es para resarcir”, aseguró.
Por cierto que en la mañanera, sin pregunta de por medio, AMLO abordó, por enésima vez, el tema del financiamiento de su campaña presidencial, en 2006, con recursos del crimen organizado, pero ahora por la citada entrevista a Celso Ortega. Dijo:
“Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos, o habían aportado a la campaña en el 2006. Y todo un gran despliegue informativo.
“Pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Y para qué ese montaje? De manera ridícula, un encapuchado. Pero, además, que tiene que atravesar sierras —me dicen, ¿no?— para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y el jefe del grupo.
“Yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo debe de tener ahí como los, ¿cómo se llaman?, los sets. Es sets, ¿no?, de televisión de ahí de Televisa, cuando decía lo de García Luna y todo”, señaló.
El presidente pide pruebas porque sabe que no las hay. Ya hemos dicho en este espacio que en operaciones ilegales no hay documentos firmados, ni huella de las transacciones. En el caso de los tres medios extranjeros lo dice la DEA, en el de Loret, los señalamientos son del líder de un grupo criminal.
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Janecarlo Lozano es candidato de Morena a la alcaldía Gustavo A. Madero. Supuestamente ganó la encuesta interna al senador César Cravioto, cercano a Martí Batres, y a Beatriz Rojas, pareja del alcalde saliente, Francisco Chiguil.
Nos cuentan, sin embargo, que hay malestar en la alcaldía de Morena, donde se juntan firmas para impugnar su registro. Unos dicen que Janecarlo es una “imposición” de Sheinbaum mientras que otros aseguran que su esposa acusa al nuevo candidato de violencia política de género. Veremos en que acaba esta historia.
FIN
