México.- El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, informó que presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para garantizar el abasto de medicamentos e insumos para la salud y combatir la corrupción.
En rueda de prensa, explicó que el objetivo es evitar que, nuevamente, el Gobierno Federal asigne de manera directa y discrecional la compra a laboratorios de otros países, los cuales llegan a México con letreros que no son en español.
Explicó que su iniciativa plantea que podrá hacerse este tipo de compras, de manera exceptuada, cuando haya estados de emergencia, como pandemias.
“Para que solamente se pueda hacer cuando se declaren emergencia sanitaria y que, aún en esos términos, se haga con aquellos países con los cuales tengamos pactos perfectamente definidos y que este mecanismo de licitación sea auditado tanto por la Secretaría de Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación”.
Además, señaló deberá haber una investigación de mercado que acredite la idoneidad, la capacidad y las mejores condiciones de contratación con dichos organismos.
También, apuntó Ramírez Barba, se solicita que aún en las etapas de emergencia, primero se valore el empleo de los recursos humanos del país y la adquisición y arrendamientos cuente con un porcentaje nacional.
Indicó que otra propuesta de esta reforma es que en el caso de que se hagan este tipo de adquisiciones, tengan registro sanitario por obligación, los cuales cuenten con la calidad, caducidad y que cumplan con la regulación en materia suficiente.
“Para que no haya retrasos estamos poniendo en la ley que, si una dependencia compra, pero al final no la cumplen porque no hizo las cosas como debe de ser, tenga la responsabilidad penal, administrativa o a la que diera lugar, si es que no cumplen con esta corresponsabilidad”, abundó el diputado panista.
El último tema, puntualizó, es que el surtimiento y la distribución debe ser por agencias profesionales, que sean supervisados por un comité de testigos sociales, que esté conformado por pacientes, usuarios, familiares y profesionales de la salud.
Con información de la Cámara de Diputados
