Por. Ah-Muán Iruegas
La posible reforma de decenas de artículos de la Constitución mexicana, denominada “Plan C” por el señor presidente, anticipa conflictos de gravedad para el régimen obradorista. Que pueden llegar a la inestabilidad permanente o el fracaso del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Los mercados financieros internacionales, reaccionaron a la parte del Plan C que reforma el Poder Judicial. Lo cual implica falta de seguridad jurídica para las inversiones. Y esto llevó a la caída de la Bolsa de Valores, de 6 % en un solo día. Así como a la devaluación de 8% del peso mexicano frente al dólar, en una semana.
Pero el Plan C tiene facetas siniestras. Quiere destruir al Instituto Nacional Electoral y a otros órganos autónomos. Pretende prisión preventiva oficiosa para nuevos delitos, como la defraudación fiscal, por ejemplo. Lo cual, además de ser una política penal regresiva, es un medio para intimidar a los contribuyentes, a las clases medias y a los empresarios.
Los presidentes mexicanos son por tradición proclives a sobredimensionar su propio poder. Le ocurrió a Fox y Calderón, al menos. Y ahora le toca el turno a Claudia Sheinbaum.
Los presidentes mexicanos llegan a comprender sus limitaciones a golpes o trompicones , cuando se enfrentan con la realidad. Pero antes de toparse con ella, se embelesan con el poder que por siglos ha entregado el pueblo mexicano a sus “tlatoanis”.
Pero ese poder, tiene limitaciones temporales, espaciales, económicas, militares, etcétera. En el caso del Plan C, éste tendrá limitaciones varias.
Los poderes que pueden interferir con el Plan C son al menos: los mercados, los Estados Unidos y la Iglesia Católica. En menor medida pueden interferir: la prensa y los demás medios de comunicación, los empresarios nacionales, algunos sindicatos, las redes sociales y la base social opositora -la denominada “Marea Rosa”.
Todos estos poderes fácticos, pueden presionar en sus respectivos ámbitos. El peso mexicano continuará sus vaivenes mientras no se aclare qué exactamente se va a reformar de la Constitución, y cómo se realizarán estos cambios. Sobre todo los relativos a la reforma judicial.
El gobierno de los Estados Unidos puede presionar mucho, en lo que se refiere a la protección de sus inversiones, si estas se ven amenazadas por la nueva Constitución obradorista. Si los expropian o amenazan, responderán. En particular les puede interesar cualquier cosa que afecte al sector energético.
No es fácil que la Sheinbaum se atreva a expropiar. Pero AMLO pudiera intentar modificaciones legales que faciliten las expropiaciones; por ejemplo, cambiar las correspondientes indemnizaciones por expropiación, de valor mercado a valor catastral en la ley correspondiente.
El punto es que, si el Plan C amenaza a los Estados Unidos o sus inversionistas, el gobierno yanqui naturalmente va a contra atacar. ¿Hasta donde¿ No es posible saberlo. Lo que es un hecho, es que el gobierno estadounidense es mucho más fuerte que un gobierno mexicano entrante -sobre todo si hay devaluación importante del peso mexicano.
Canadá también puede presionar un poco al obradorismo, tal vez en relación con inversiones en minería. Los canadienses no tienen el poder de USA para presionar. Pero si lo hacen “en tándem” Canada y Estados Unidos al mismo tiempo, le darán una larga jaqueca al oficialismo.
A la Unión Europea también pudiera interesarle tanto cuestiones comerciales, como asuntos relacionados con posibles violaciones de derechos humanos en México, que el Plan C pudiera facilitar, si continúa el militarismo de AMLO, su prisión oficiosa, etc. Pero la presión europea sería tal vez menos intensa o efectiva que la norteamericana.
La Iglesia, por su parte, tuvo una postura casi militante contra Morena en las pasadas campañas presidenciales. Es esperable que el enfrentamiento del sacerdocio con el régimen obradorista, se mantenga.
Los medios de comunicación tal vez se adapten a un gobierno autoritario de Morena, como lo hicieron el la época del autoritarismo del PRI. A cambio, desde luego, de conservar sus prebendas, publicidad y sobre todo las concesiones. Se las pueden quitar a los concesionarios los obradoristas radicales, pero eso daría a México una peor imagen internacional que la que ya tiene, por el salvajismo del narco.
Cada uno de estos poderes fácticos, puede presionar de acuerdo con su propia fuerza.
El problema es que el obradorismo, como es su costumbre, parece encaminarse a la imposición de su Plan C. Es decir a imponer sus ideas en una nueva Constitución, sin consensarla con la sociedad y los factores reales del poder.
Pero los izquierdistas, a pesar de su gran sabiduría, parecen ignorar lo más elemental respecto de una Constitución.
Una Constitución, para ser duradera, debe expresar o encarnar los factores reales del poder de un determinado país. Es decir, no debe incluir cualquier ocurrencia presidencial, partidista o ideológica. Aunque cuenten con una mayoría calificada -o más bien inflada- para aprobar cualquiera de sus sueños de opio.
Si una Constitución no encarna los factores reales del poder en un país, la Constitución en cuestión carece de estabilidad y es sustituida tarde o temprano por una nueva Constitución, que ésta vez sí represente los factores reales de poder de una sociedad determinada. Lasalle formuló estas ideas en su célebre disquisición denominada “¿Qué es una Constitución?”
Una nueva Constitución obedece muchas veces al resultado de una guerra. Los vencedores redactan la nueva Constitución y esta refleja el poder real en el país en cuestión: el poder de quienes ganaron la guerra.
Pero en México no hubo ninguna guerra. Sólo hubo unas elecciones en las que, de hecho, la mayoría se abstuvo o votó contra Morena. El cual obtuvo cerca del 54.8 % de la votación legislativa, pero con tretas pseudo legales pretenden inflar sus resultados y quedarse con cerca de 75% de las curules.
O sea que casi 19% de la mayoría calificada de Morena, necesaria para modificar la Constitución actual, es falsa o amañada. Morena sólo tendrá una mayoría calificada pero artificial, en los
congresos federal y locales. Todo esto a partir de simples maniobras legaloides, que en modo alguno representan el poder real (ni siquiera el poder político real) en nuestro país.
Cierto que en las elecciones resultó ganador el partido Morena, con mas de la mitad de los votos a su favor. Pero si Morena pretende hacer lo que se le venga en gana, o lo que le dicte su ideología o sus dogmas, esa Constitución no perdurará.
No durará la nueva Constitución, si el Plan C no encarna a los poderes reales que existen en México. Que no se reducen al poder político.
Morena tiene el poder político. Pero sólo el poder político.
Morena no puede por ejemplo, entrar en conflictos serios con la Iglesia, a menos que quiera arriesgarse a acabar a tiros con su grey. Ni se les ocurra, jovenazos, porque no tienen con qué pelear contra la Iglesia. Y no toda la feligresía de Morena seguirá siendo fiel, si se llegaran a enfrentar Iglesia y Estado obradorista.
Es decir, si los obradoristas quieren que su Plan C sea duradero, no les conviene enfrentarse con la Iglesia Católica. Porque pueden salir crucificados.
El esquema se repite con todos los principales factores reales de poder, en la actualidad.
Lo mismo ocurre con los mercados. Si el régimen de Obrador insiste en enfrentarse con ellos, en el ámbito constitucional, la Constitución obadorista tendría serias posibilidades de fracasar. Porque dichos poderes pueden destruir la economía mexicana y difícilmente perduraría un gobierno sin futuro o éxito económico.
Si no reconocen en Morena el poder de los mercados financieros, la economía del próximo sexenio, sucumbirá. No se recuperará, durante varios años, de una devaluación fuerte al inicio del sexenio.
El aislacionismo y proteccionismo económico, tampoco tienen cabida por tiempo prolongado en una futura Constitución. Pues el poder económico mexicano real, está ligado al libre comercio con los Estados Unidos. Y el mundo del dinero presionaría al gobierno, hasta que la nueva Constitución corresponda a su poder real, que es ciertamente limitado.
Si insiste la izquierda en imponer a rajatabla su proyecto, no estará entendiendo que la realidad no se modifica con una simple ley. Aunque esa ley se denomine Constitución y aunque tengan la mayoría legislativa para imponer sus grandes ideas.
Si los morenistas no atienden la asimetría de su poder frente a los Estados Unidos, además de risible, sería desastroso para el morenismo transexenal. Pues los estadounidenses le aprietan las tuercas a cualquiera. Mucho más a un gobierno tan dependiente de una buena relación con los Estados Unidos, como lo es el gobierno mexicano.
No necesitan invadir México los estadounidenses, ni usar la violencia. Pues les basta con torpedear a la economía mexicana, para que se hunda el gobierno.
De hecho, la presión económica fue lo que inicialmente quería hacer el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos en Chile, con el gobierno izquierdista de Salvador Allende en los años setentas.
Y como Allende no aceptó las presiones estadounidenses, la embajada de los Estados Unidos ayudó al ejercito chileno a deshacerse primero del General Schneider, jefe de los militares y luego a derrocar y mandar “al cielo” a Allende.
Es muy improbable que los estadounidenses agredan con violencia a México o a su gobierno. A menos que el gobierno mexicano se busque un pleito. Aunque por supuesto que los Estados Unidos podrían hacerlo con relativa facilidad, si quisieran agredirnos militarmente.
Pero a los estadounidenses les es suficiente con ahorcar un tiempo al gobierno mexicano a través de medidas económicas, políticas y diplomáticas, para que éste se ahogue en sus problemas.
Y se rinda, así como ya se doblegó Marcelo Ebrard -otro prócer oficialista- ante Donald Trump a mediados de sexenio.
Pero si los morenistas no evaden la confrontación con Estados Unidos en el nuevo texto constitucional, los estadounidenses y los mercados darán cuenta del gobierno o de su viabilidad.
Harían bien los morenistas en moderar su soberbia. No tienen la fuerza para imponer, salvo de manera temporal, una Constitución que no reconozca el poder real de los Estados Unidos, de los mercados, de la Iglesia y de cualquier otro factor real de poder importante, que se vea afectado.
Si se obstinan en enfrentarse a los poderes reales, a futuro eso puede terminar muy mal. Pues los poderes fácticos van a responder. Y muy probablemente, van a dinamitar o a hacerle imposible la vida al gobierno entrante.
Los poderes fácticos no necesitan impulsar la violencia en México, ni mucho menos una asonada o revuelta. Les basta con provocar una crisis económica, una espiral devaluación-inflacion-devaluación, para que el nuevo gobierno izquierdista de Claudia Sheinbaum, fracase.
