Fernando Moctezuma Ojeda.
“No podemos ser demócratas sólo cuando nos gusta el resultado”. Esta frase, que escribí en mi cuenta de X (antes Twitter) durante los primeros minutos del lunes 3 de junio, resume una verdad fundamental de nuestro sistema político. La democracia, como modelo de gobernanza, se basa en el consenso y la participación ciudadana; sin embargo, la práctica electoral, con sus inevitables triunfos y derrotas, presenta desafíos significativos para la estabilidad y legitimidad del régimen. En este contexto, la capacidad de saber perder se convierte en un factor fundamental para el buen funcionamiento de la democracia.
Aceptar los resultados electorales, siempre que sean probados, fortalece la confianza en el sistema y garantiza una continuidad en la participación ciudadana. Esta aceptación no solo es un acto de humildad y respeto hacia el proceso democrático, sino también una condición indispensable para la estabilidad y viabilidad de la democracia. Al asumir los resultados, las y los ciudadanos que no resultaron ganadores pueden mantener su fe en el sistema y continuar participando activamente en la política. La participación continua es crucial, ya que permite la evolución y mejora del sistema democrático a través de una representación efectiva y plural.
La investigación de Daniela Vairo sobre el “consenso de los perdedores” en América del Sur subraya la importancia de que las y los ciudadanos, independientemente de si votan por candidatos perdedores o deciden no participar en las elecciones, se sientan representados e incluidos en el proceso político. Esta inclusión es vital para evitar la desafección política y para mantener la legitimidad del régimen democrático. Cuando la ciudadanía percibe que sus voces, aunque minoritarias, tienen un espacio y una consideración en el sistema político, se promueve un entorno de estabilidad y cohesión social.
Por el contrario, la negativa a aceptar los resultados puede desencadenar conflictos y desafíos profundos. La desafección política y la desconfianza en el sistema no sólo erosionan la legitimidad del régimen, sino que también disminuyen la participación ciudadana. Este fenómeno puede llevar a una espiral de deterioro democrático, donde la desconfianza y la apatía política se retroalimentan, debilitando las instituciones y fomentando la polarización.
En las democracias modernas, las elecciones libres y justas son el fundamento sobre el cual se construye la legitimidad del sistema político. Sin embargo, la promoción de narrativas de fraude electoral, especialmente sin pruebas contundentes, puede tener consecuencias profundamente perjudiciales. Estos discursos, además de minar la confianza pública en las instituciones democráticas, pueden desencadenar una serie de efectos negativos que socavan la estabilidad y la cohesión social.
Uno de los peligros más inmediatos y evidentes de incentivar una narrativa de fraude electoral es la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Las acusaciones infundadas de este tipo pueden sembrar dudas en la mente de las y los ciudadanos sobre la integridad del proceso electoral y la imparcialidad de las autoridades encargadas de organizar y supervisar las elecciones. Esta desconfianza no solo afecta la percepción del sistema electoral, sino que se extiende a otras instituciones del Estado, debilitando el tejido institucional que sostiene la democracia.
La narrativa de fraude electoral puede polarizar aún más a la sociedad. Las y los ciudadanos que creen en tales acusaciones pueden sentirse traicionados y engañados, mientras que quienes confían en la legitimidad del proceso pueden volverse defensivos y hostiles. Esta polarización suele llevar a un aumento de la confrontación y la violencia, dificultando el diálogo y el consenso necesarios para resolver los problemas colectivos. La cohesión social se ve comprometida, y las divisiones se profundizan, haciendo más difícil la gobernabilidad.
Promover una narrativa de fraude también tiene el efecto de deslegitimar a los gobiernos electos. Incluso si las elecciones fueron transparentes y justas, las acusaciones de fraude pueden generar dudas sobre la imparcialidad del resultado. Esto no solo afecta la capacidad del gobierno para operar de manera efectiva, sino que también puede inspirar movimientos de resistencia y desobediencia civil, complicando aún más la gestión y la implementación de políticas públicas.
Las acusaciones de fraude pueden desincentivar la participación electoral. Si las y los ciudadanos creen que su voto no cuenta o que el sistema está manipulado, es menos probable que participen en futuras elecciones. La disminución de la participación electoral socava uno de los principios fundamentales de la democracia: la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. La apatía y el desencanto con el proceso electoral pueden perpetuar un ciclo de desafección política y baja participación.
Finalmente, la promoción de narrativas de fraude electoral puede ser utilizada como una herramienta para justificar medidas autoritarias. Las y los líderes políticos pueden aprovechar estas narrativas para consolidar su poder, argumentando la necesidad de reformas o intervenciones que, en realidad, limitan las libertades civiles y los derechos políticos. La justificación de medidas extraordinarias en nombre de la “protección de la democracia” puede llevar a un retroceso democrático y a la erosión de los derechos y libertades fundamentales.
APUNTES CLAVE:
CONSTANCIAS: Este fin de semana, ganadoras y ganadores electos recibieron sus constancias de mayoría: Alejandro Armenta, quien ganó con un millón 908 mil 954 votos, recibió la constancia de mayoría como gobernador electo de Puebla, comprometiéndose a alinear la agenda legislativa local con la federal sin dañar a los poblanos. Creará la Secretaría del Deporte y Juventud y cambiará la Secretaría de Cultura a Secretaría de Arte y Cultura; Rocío Nahle García recibió la constancia de mayoría como gobernadora electa de Veracruz, obteniendo 2 millones 124 mil 214 votos, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en el estado; Javier May fue reconocido como gobernador electo de Tabasco con casi 800 mil votos. La presidenta del IEPCT destacó la alta participación ciudadana en la elección; y Joaquín “Huacho” Díaz Mena se convirtió en el gobernador más votado en la historia de Yucatán con 629 mil 394 votos, destacando su compromiso con el desarrollo y equidad en el estado. //ÚLTIMA GIRA: El presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, se reunirán esta lunes 10 de junio para dialogar sobre la transición gubernamental. López Obrador adelantó que invitará a Sheinbaum a una comida para discutir y llegar a acuerdos sobre este proceso crucial. Se espera que Sheinbaum informe sobre este encuentro durante la conferencia matutina, conocida como la “mañanera”. Los cómputos distritales confirmaron la victoria de Sheinbaum en las elecciones presidenciales del 2 de junio, donde acumuló un total de 35.9 millones de votos. Estos cómputos son considerados los resultados oficiales de la elección. Sheinbaum obtuvo el 59.7% del total de votos, mientras que Xóchitl Gálvez, del PAN, PRI y PRD, quedó en segundo lugar con el 27.4%. Este encuentro será fundamental para asegurar una transferencia de poder ordenada y efectiva, garantizando la continuidad de proyectos y políticas clave.
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