¡¡¡Cuándo se terminará la violencia institucional!!!

Raúl Flores Martínez.

En México, la violencia institucional contra las mujeres es un tema crítico que evidencia cómo las estructuras gubernamentales y sociales pueden perpetuar situaciones de desigualdad y desprotección.

Este tipo de violencia ocurre cuando las instituciones, a través de omisiones, negligencias o acciones directas, fallan en garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, incluidos su seguridad y acceso a la justicia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, solo un 13.1 por ciento de las mujeres que sufren violencia física o sexual por parte de sus parejas denuncian los hechos.

Este porcentaje disminuye aún más en ámbitos como el laboral 6.5 por ciento y comunitario 4.3 por ciento, reflejando la desconfianza en las instituciones y el temor a la revictimización.

Hay cifras que son verdaderamente alarmantes, tan solo en 2023, se reportaron 644 homicidios y 139 feminicidios de niñas y adolescentes, estas cifras muestran que la violencia letal afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes, especialmente en el rango de 15 a 17 años.

En delitos como abuso y violación, las mujeres representan la mayoría de las víctimas. Por ejemplo, en el grupo de 10 a 14 años, los casos de abuso sexual en mujeres son seis veces más altos que en hombres. Este patrón se repite en otros grupos de edad.

 A pesar de los esfuerzos por establecer mecanismos de apoyo, como los Centros de Justicia para las Mujeres, muchas víctimas no reciben una respuesta adecuada. En 2021, menos del 22 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia buscaron ayuda institucional.

No es un secreto que muchas mujeres enfrentan prejuicios y culpabilización al buscar justicia o servicios de apoyo, las instituciones a menudo carecen de personal capacitado y recursos adecuados para atender casos de violencia de género.

Algo que no se puede ocultar, es que la mayoría de los delitos de violencia contra mujeres quedan en el olvido, se van a los expedientes muertos de las fiscalías y procuradurías del país, carpetas muertas, cómo muchas de las mujeres que se atreven a denunciar la violencia con la que viven.

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