Raúl Flores Martínez.
La reciente decisión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de suspender por tres meses y sin goce de sueldo a la jueza Nancy Juárez Salas, del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, merece un análisis crítico que va más allá de los titulares.
Esta medida, aunque justificada en argumentos de “conductas negativas” y “desempeño deficiente”, pone sobre la mesa preocupaciones respecto a la transparencia y la equidad en el sistema de justicia mexicano.
La jueza Juárez Salas no es ajena a la controversia. Fue ella quien ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial, una acción que sin duda irritó a ciertos sectores del poder político.
Si bien esta decisión no está directamente relacionada con su suspensión, resulta difícil ignorar el contexto en el que se toman estas sanciones, especialmente cuando involucran a figuras que han cuestionado decisiones del gobierno o han tomado resoluciones controvertidas.
El expediente disciplinario contra la jueza incluye una lista de acusaciones graves: incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral, y el no respeto al derecho a la inamovilidad de los trabajadores.
Estas conductas se remontan a su gestión en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil en Quintana Roo. Sin embargo, la historia también revela inconsistencias en el manejo de estas denuncias.
En 2021, Juárez Salas fue suspendida tras denuncias de 12 servidores públicos, pero dicha medida fue revocada en 2023, permitiéndole retomar su cargo.
Esto plantea una pregunta crucial: ¿cómo es posible que una jueza con tal historial haya sido reinstalada para después ser suspendida nuevamente? La falta de claridad en los procesos disciplinarios del CJF mina la confianza en el sistema judicial y deja espacio para especulaciones sobre intereses políticos o personales que podrían influir en estas decisiones.
Durante la sesión en la que se determinó la suspensión, la Comisión de Disciplina, conformada por las consejeras Lilia Mónica López Benítez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Celia Maya García, tuvo un voto dividido: dos a favor de la suspensión y uno en contra.
Este tipo de decisiones polarizadas refuerzan la percepción de un sistema judicial fragmentado, donde las resoluciones pueden depender más de opiniones subjetivas que de un análisis objetivo y detallado de los hechos.
Aunque las faltas atribuidas a la jueza son graves y merecen investigación, también es esencial cuestionar por qué estos problemas persisten en el sistema judicial. Casos como este reflejan una cultura institucional que tolera, y a veces perpetúa, conductas poco éticas.
Es necesario implementar medidas que no sólo castiguen a los responsables individuales, sino que también promuevan reformas estructurales para garantizar un ambiente laboral justo y profesional.
La suspensión de Nancy Juárez Salas es un recordatorio de que el poder judicial está lejos de ser infalible. Mientras no existan procedimientos disciplinarios claros y transparentes, seguirán surgiendo dudas sobre la legitimidad de las sanciones impuestas.
La justicia no debe ser solo una aspiración, sino una práctica constante y verificable, libre de influencias externas y de intereses particulares de lo contrario se tomaría como una venganza dictada desde el poder.
