Raúl Flores Martínez.
La administración del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha sido testigo de un alarmante deterioro en la seguridad del estado. Uno de los hechos más preocupantes bajo su mandato ha sido la aparente consolidación de un nuevo bloque criminal, el llamado Cártel Michoacán Nueva Generación, surgido de la alianza entre Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esta coalición ha desencadenado una ola de violencia que ha sumido a la región en el caos, esa violencia que desde hace años llegó para quedarse a pesar de los múltiples operativos de distintos nombres.
El conflicto entre grupos criminales por el control territorial ha resultado en ataques armados a distintas localidades, generando terror entre la población. Los constantes enfrentamientos han llevado al desplazamiento de cientos de familias, quienes han tenido que huir de sus hogares ante el asedio de estas organizaciones.
A pesar de las numerosas denuncias y de la evidente escalada de violencia, el gobierno estatal ha fallado en contener el avance de estos grupos delictivos.
Ramírez Bedolla, quien llegó al poder con la promesa de restaurar la paz y la gobernabilidad en Michoacán, ha fracasado rotundamente en su estrategia de seguridad.
Lejos de debilitar a los cárteles, su administración ha sido testigo de su fortalecimiento, permitiendo que facciones criminales antes rivales se unieran en busca de un dominio mayor.
La falta de acción efectiva y la permisividad con la que han operado estos grupos bajo su mandato han despertado sospechas sobre la posible corrupción dentro del aparato gubernamental.
Diversos analistas han cuestionado la tibieza de las autoridades estatales al abordar la crisis, sugiriendo que existen intereses ocultos que impiden un combate real contra el crimen organizado.
Mientras el gobernador insiste en que su gobierno está comprometido con la paz, la realidad para los michoacanos es otra: bloqueos carreteros, pueblos sitiados y el constante temor a la violencia son el pan de cada día.
Es claro que la falta de una estrategia clara y contundente ha convertido a Michoacán en un estado rehén del narcoterrorismo, y la responsabilidad recae directamente en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha permitido que su gestión sea marcada por el avance del crimen organizado.