Raúl Flores Martínez.
En las últimas décadas, México ha sido testigo de un crecimiento sin precedentes de grupos criminales que no solo se dedican al narcotráfico, sino que también han expandido su control sobre una amplia variedad de mercados lícitos.
Este fenómeno ha sido impulsado por diversos factores de índole transnacional, nacional y local. Entre ellos, destaca la política de decapitar y combatir frontalmente al crimen organizado, implementada durante el gobierno de Felipe Calderón, la degradación de las instituciones de seguridad y justicia en los ámbitos locales, y los cambios en la demanda de drogas sintéticas en Estados Unidos.
Sin embargo, en los últimos años, este proceso de expansión criminal se ha intensificado, provocando un aumento alarmante en diversos tipos de violencia. En particular, los conflictos asociados a las disputas criminales han crecido significativamente desde el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con cifras recientes, estos actos violentos se han incrementado en un 219.9 por ciento en promedio, en comparación con los primeros 100 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Lo más preocupante es que esta situación persiste a pesar de las reducciones en otros eventos delictivos reportadas en los primeros meses del nuevo gobierno. La magnitud del problema actual refleja que México sigue sumido en una crisis de violencia severa, originada y perpetuada por el crimen organizado. En este sentido, las desapariciones forzadas y los asesinatos continúan siendo los principales flagelos que afectan a la población.
Para la presidenta Sheinbaum, sin embargo, el problema de mayor relevancia parece ser la violencia político-criminal. No solo por el aumento imparable de estos casos desde 2018, sino también por sus implicaciones para la estabilidad del país. Este tipo de violencia revela la incapacidad parcial o total del Estado para ejercer su autoridad en diversas regiones, permitiendo que los grupos delictivos impongan su voluntad en los territorios.
Un caso emblemático de esta problemática fue el asesinato de Alejandro Arcos, recientemente electo como presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, ocurrido al inicio de la administración de Sheinbaum. Este evento no solo expuso el dominio del crimen organizado sobre las instancias municipales, sino que también puso en evidencia la fragilidad de las instituciones de gobierno frente a la violencia descontrolada.
Ante este panorama, resulta urgente que el gobierno federal implemente estrategias eficaces para contener la expansión del crimen organizado y recuperar el control de los territorios dominados por la delincuencia.
La crisis de violencia en México no solo atenta contra la seguridad de la ciudadanía, sino que también erosiona las bases del Estado de derecho y la democracia en el país.
