Por. Raúl Flores Martínez
El Operativo Atarraya, llevado a cabo por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha quedado en el ojo del huracán debido a las constantes denuncias de abusos, irregularidades y violaciones a la ley.
Testimonios y evidencias en video que han salido a la luz en los últimos días, muestran a agentes ministeriales sembrando droga en establecimientos comerciales con el fin de justificar clausuras y detenciones.
Desde este espacio, el pasado 11 de enero, ya habíamos expuesto las anomalías de dicho operativo en una nota titulada ¡Irregularidades en el Operativo Atarraya!, en la cual denunciamos que propietarios de bares y otros negocios han sido víctimas de la corrupción y el abuso de poder de las autoridades.
El modus operandi de los agentes involucrados incluye la siembra premeditada de estupefacientes en los locales inspeccionados, con el único objetivo de fabricar pruebas que justifiquen su “éxito” en los operativos.
Además, estas acciones son llevadas a cabo con la participación de los llamados “izquierdos”, personas ajenas a la Fiscalía que colaboran con los ministeriales en estas actividades ilícitas, violando así todas las normativas de seguridad y justicia.
Las inspecciones, que deberían garantizar el cumplimiento de la ley y el orden, se han convertido en instrumentos de extorsión y persecución injustificada contra comerciantes. Muchos de ellos han denunciado que las acciones de la Fiscalía no solo carecen de transparencia, sino que también afectan gravemente la reputación y el sustento económico de los negocios afectados.
En los últimos días, diversas grabaciones han evidenciado la ilegalidad de estos procedimientos, dejando al descubierto a los agentes responsables y generando un escándalo que pone en entredicho la legitimidad de los operativos de la Fiscalía del Estado de México.
Ante este panorama, resulta urgente que las autoridades competentes intervengan para investigar y sancionar a los responsables de estas prácticas corruptas. La seguridad y la justicia no pueden estar en manos de quienes abusan de su poder y pisotean los derechos de la ciudadanía.
La sociedad exige respuestas y, sobre todo, acciones contundentes que pongan fin a estos atropellos. Los negocios y sus propietarios merecen operativos transparentes y apegados a derecho, no una cacería injustificada disfrazada de justicia.
