Raúl Flores Martínez.
El caso de Marianne Gonzaga ha desatado una ola de indignación y debate en México, no sólo por la brutalidad del ataque contra Valentina Gilabert, sino también por la respuesta legal que ha recibido.
La agresión, que dejó a la víctima en estado grave, reaviva la discusión sobre la manera en que el sistema de justicia maneja los delitos graves cometidos por menores de edad.
El hecho de que Gonzaga, a sus 17 años, no pueda ser juzgada como adulta a pesar de la gravedad del delito, expone una brecha en la legislación mexicana que preocupa a la opinión pública. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes busca la rehabilitación y reinserción de los jóvenes delincuentes, pero ¿hasta qué punto esta premisa debe aplicarse en casos extremos como este?
La comparación con Rodolfo “Fofo” Márquez, quien fue condenado a 17 años de prisión por intento de feminicidio, ilustra la disparidad en la impartición de justicia.
Si bien existen diferencias de edad entre ambos casos, el resultado de sus acciones es similar: un ataque violento con intenciones potencialmente letales. Sin embargo, la legislación impide que Gonzaga enfrente una condena equiparable. Esto plantea un dilema ético y legal: ¿la edad debe ser el único criterio para determinar la severidad del castigo?
Además, este caso pone en evidencia el papel de la influencia mediática y de las redes sociales en la percepción pública de la justicia. Marianne Gonzaga, al ser una influencer, tiene un nivel de exposición mediática que puede influir en la narrativa de su caso, generando polarización y cuestionamientos sobre si la ley está siendo aplicada con equidad o si existen privilegios implícitos.
Es urgente que el Congreso revise y discuta posibles modificaciones al sistema de justicia para adolescentes. Si bien la protección de los menores es fundamental, también lo es garantizar que las víctimas de delitos graves reciban justicia adecuada.
Casos como el de Gonzaga nos obligan a cuestionar si las leyes actuales realmente protegen a la sociedad o si necesitan una actualización para responder con mayor rigor a crímenes de extrema violencia, independientemente de la edad del agresor.