Francisco Garfias.
Al linchamiento mañanero del Poder judicial se agrega la persecución emprendida por la FGR contra dos jueces federales que otorgaron suspensiones contra la implementación de la Reforma Judicial.
El alarmante acoso ya rebasó fronteras. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (City Bar) difundió un comunicado en el que califica estas acciones como una “amenaza directa” a la independencia judicial.
“Agrava una preocupante tendencia en la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, advierte el comunicado.
Agrega que la “criminalización” de jueces contradice los principios fundamentales del debido proceso y viola los estándares internacionales de independencia judicial.
Los jueces federales investigados son Sergio Santamaría y María Gabriela Ruiz Márquez.
El City Bar hace un llamado urgente al gobierno de México, a la FGR y al Consejo de la Judicatura para que cesen las “represalias” en contra de los jueces que desempeñan sus funciones en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
“La utilización del poder penal como herramienta de intimidación vulnera la independencia judicial y mina la confianza en el Estado de Derecho”, puntualiza.
No exagera el City Bar. El Poder Judicial en su conjunto ha sido blanco de ataques permanentes desde que Arturo Zaldívar se quitó la toga para ponerse la camiseta guinda.
El linchamiento de los juzgadores no ha cesado, a pesar de que el sistema judicial, tal como lo conocemos, agoniza.
Todavía el 28 de febrero, la presidenta generalizó en la mañanera:
“La corrupción del Poder Judicial es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo mexicano tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial”.
¿Qué sigue? ¿El encarcelamiento de ministras o ministros que se van? Es pregunta.
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Nos cuentan que a Lenia Batres, autollamada “ministra del pueblo”, algunos ya le dicen en la Corte la “ministra de turismo”.
A la juzgadora, por obra y gracia de AMLO, le gusta mucho viajar con recursos del máximo tribunal a algunos eventos que tienen que ver más con la grilla que con la justicia.
Según el documento “Total de Gastos por Conceptos de Viáticos y Representación de la Ponencia Ministra Lenia Batres”, que obra en nuestro poder, sus gastos en viajes ascendieron, entre julio y diciembre del año pasado, a 238 mil pesos.
El primero de diciembre pasado viajó a Xalapa, Veracruz, a un evento registrado como “toma de protesta”. Ese día, Rocío Nahle asumió como gobernadora de ese estado. El importe total erogado fue de 11 mil 42 pesos.
Ocho días después fue a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a otra “toma de protesta”. Ese día Eduardo Ramírez juró como gobernador de esa entidad. Importe erogado: 8 mil 620 pesos.
El 13 de diciembre del año pasado viajó a Oaxaca. Evento o encargo: “invitación académica”. Importe erogado: 6 mil 824 pesos.
El 23 de noviembre fue a Minatitlán, Veracruz, a una “invitación académica”; y al día siguiente a Juchitán, Oaxaca, a un “foro informativo”. Total erogado: 7 mil 134 pesos. A esa cantidad súmele otros 7 mil 134 pesos para su asistente Eduardo Francisco Murillo Torres, quien le ayuda en temas de prensa.
El 25 de octubre del año estuvo también en Tuxtla Gutiérrez. Evento “foro informativo”. Erogación total: 8 mil 581 pesos. Otros 8 mil 524 Murillo Torres.
El 19 de octubre anduvo por Cancún, Quintana Roo, en otro “foro informativo”. Erogación total: 10 mil 270. Más otros 10, 333 pesos su asistente.
El 18 de agosto estuvo en La Paz, BCS, en un “foro informativo”. Erogación: 7 mil 416 la ministra; 7 mil 416 su apoyo; el 12 de octubre, en Oaxaca. Erogación: 13 mil 109 la ministra y otros 13 mil 109 del asistente.
El 29 de julio en Durango y Zacatecas, 7 mil 322 ella y 9 mil 718 Murillo Torres; el 24 de ese mes fue a Mérida. Erogación: 6 mil 913 Lenia; 6 mil 913 su asistente.
Del 21 al 23 de julio, foros académicos en Tijuana, Mexicali, y San Luis Potosí. Erogación total: 21 mil 759 la ministra y 22,269 pesos Murillo Torres.
Monterrey, el 17 de julio pasado; 6 mil 699 cada uno; el 5 de julio lo pasó en Tuxtla Gutiérrez, 8 mil 338 Lenia; y 8 mil 398, su apoyo.
Para que se de una idea: el tope de campaña para candidatos a jueces, magistrados y ministros en la elección judicial es de 220 mil 326 pesos.
No vaya usted a creer que anduvo en campaña por la presidencia de la Corte del Bienestar. No sea mal pensando. Y luego para que en las encuestas la pongan debajo de Yasmín Esquivel.
¿Vio la de El Financiero?
FIN.
