Raúl Flores Martínez.
La tragedia y el horror han tomado una vez más el escenario en Jalisco. El hallazgo de tres hornos clandestinos con restos humanos en un centro de adiestramiento ubicado en un rancho en La Estanzuela, Teuchitlán, ha sacudido a la opinión pública y expuesta, de manera brutal, la indiferencia y negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
El predio de 50×100 metros, que se ha convertido en un macabro cementerio, contenía aproximadamente 400 pares de zapatos, montañas de ropa y maletas, dejando entrever la magnitud del horror que ahí se vivía.
Pero el escenario se vuelve aún más oscuro al encontrarse con un altar con imágenes de la Santa Muerte, rodeado de veladoras a medio consumir, sugiriendo un ambiente de rituales y simbolismos que solo añaden una capa más de misterio y terror a la escena.
El descubrimiento de este sitio de exterminio revela, una vez más, el completo abandono y fracaso de las autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad y la justicia.
¿Cómo es posible que una operación de esta magnitud haya operado en completa impunidad? ¿Qué hicieron las fuerzas de seguridad local y estatal para prevenir que un sitio de tortura y muerte funcione a plena vista?
Las autoridades municipales de Teuchitlán se han limitado a ofrecer declaraciones vagas y contradictorias, mientras que el gobierno estatal de Jalisco intenta minimizar el impacto político de la noticia.
A nivel federal, el silencio y la falta de acción reflejan un patrón ya conocido de indiferencia y omisión ante la crisis de violencia y desapariciones que azota al país.
La localización de los hornos clandestinos es una confirmación brutal de lo que las víctimas y sus familias han denunciado por años: el crimen organizado opera con total libertad y complicidad en amplias regiones de México.
El hecho de que un centro de adiestramiento del CJNG pudiera establecerse y operar durante tanto tiempo sin que las autoridades lo detecten solo puede explicarse por una combinación de corrupción, negligencia y encubrimiento.
La magnitud de este hallazgo no es solo un reflejo de la violencia en Jalisco, sino una evidencia del fracaso estructural de las instituciones de seguridad y justicia. Mientras la Presidenta y los altos mandos militares insisten en que “la estrategia está funcionando”, las fosas clandestinas, los hornos de exterminio y los altares de la muerte siguen apareciendo en el paisaje nacional como una marca indeleble de un Estado fallido.
El hallazgo de los hornos clandestinos en Teuchitlán no solo exige respuestas, sino también justicia. Las víctimas y sus familias merecen mucho más que comunicados vacíos y promesas incumplidas. La pregunta es clara: ¿Quién permitirá que esto continúe?
