Durango.- Karla Nallely tenía 4 días desaparecida tras ser vista por última vez con su pareja sentimental en el fraccionamiento Río Dorado, la tragedia se confirmó tras encontrarse su cuerpo mutilado en diferentes zonas de la ciudad, una historia de terror entre los 14 feminicidios denunciados en 2024 y de las 2,347 denuncias por violencia familiar recibidas tan sólo en el primer trimestre, según datos de la Fiscalía General del Estado.
Aunque el gobierno de Esteban Villegas anunció en 2023 el “Programa Integral Contra la Violencia de Género”, un análisis del Observatorio Ciudadano de Durango revela que sólo 12% del presupuesto asignado se ejerció en 2024. Además, 3 de cada 10 municipios carecen de refugios para víctimas y el Banco Estatal de Datos sobre Violencia lleva ocho meses sin actualizarse.
Colectivos estatales y nacionales de protección a la mujer acusan una simulación peligrosa, pues mientras se gastan millones en campañas de imagen mientras el aparato de sistema de seguridad, protección y justicia para las mujeres en Durango es deficiente, lento e inoperante.
La tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres muestra un aumento del 18% comparado con el último año de la administración anterior (2021 vs 2024). Peor aún: el tiempo promedio para iniciar carpetas de investigación pasó de 14 a 29 días bajo la actual Fiscalía. No hay que olvidar que de 33 observaciones por Alerta de Violencia de Género (AVG), sólo se ha cumplido una y 16 municipios de la entidad están en AVG.
En Durango se vivió de manera significativa la marcha del 8M ante la preocupante realidad que viven las mujeres, cuyos contingentes recordaron feminicidios como el de Eva Liliana Montelongo Hernández e Ixchel Yadira Leyva Fernández, para visualizar la preocupación e inseguridad que viven cotidianamente las duranguenses.
El 25 de julio de 2024 el gobernador Esteban Villegas clamaba en medios de comunicación “que no se les ocurra tocar a una mujer” y pedía un voto de confianza a su administración para abatir el flagelo del feminicidio en Durango. Ocho meses después, se tienen 5 mil casos de violencia familiar denunciados, 12 feminicidios reportados y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, perteneciente la Segob, emitiendo un extrañamiento al gobierno estatal, pues 82% de sus resoluciones no han sido cumplimentadas.
Y fue en Durango capital donde la violencia de género se recrudeció en los meses recientes con un alud de denuncias de violencia intrafamiliar y de género, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que 61% de los casos ocurren en dicho municipio, cuyo Instituto Municipal de la Mujer lo concibe como un delito común.
Tan común que, a mediados del 2024, fue el más denunciado ante las autoridades duranguenses y el más alto en la historia de la ciudad capital, con el agravante que en el 50% de los casos se meciona el tema de las adicciones, otro gran pendiente del alcalde Toño Ochoa y el gobernador Villegas.
Y eso es sólo la punta del iceberg, pues la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, en sus diferentes ejercicios, ha sido consistente en confirmar que 98% de los delitos sexuales no se denuncian, mientras que la activista y abogada Julieta Hernández Camargo, fundadora de la AC “Sí hay mujeres en Durango”, corrobora que el estado tiene una de las más altas cifras negras a nivel nacional.
Este escenario de simulación tuvo eco en la comunidad internacional pues en su visita a Durango el año pasado, la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, fue contundente: “Durango presenta patrones alarmantes de impunidad estructural”, hallazgos coincidentes con el informe de Amnistía Internacional que ubica al estado entre los 5 con menor acceso a justicia para mujeres.
Ante la inacción gubernamental a nivel estatal y municipal, colectivos como “Ni Una Más Durango” presentaron en febrero un plan de 32 acciones concretas, que incluyen la creación de juzgados especializados en violencia de género, mecanismos de protección para defensoras y un sistema unificado de seguimiento a órdenes de restricción. En el corto plazo, no se prevé ningún cambio significativo en la estrategia de combate al tema de los feminicidios por parte del gobierno estatal y la alcaldía de Durango.
Redacción
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