Héctor Saúl Téllez*.
Este miércoles 19 de marzo, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una seria de reformas y modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos orientado a sumar esfuerzos y otorgar al gobierno herramientas para erradicar el flagelo que representa la desaparición de personas en nuestro país.
Lo más preocupante, es que el crimen organizado está enrolando en sus filas a niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en actividades delictivas. De acuerdo a distintas organizaciones no gubernamentales, entre 35 y 45 mil menores de edad han sido reclutados de manera ilícita.
Este es un delito que debe tipificarse como reclutamiento ilícito y no equipararse a secuestro como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, y que secundaron Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, es un delito de otra naturaleza que está flagelando a la niñez, adolescencia y juventud mexicana.
Este delito debe ser castigado severamente con penas de entre 80 a 140 años de prisión, sin la oportunidad de que prescriba en el tiempo. De lo contrario, el número de personas desaparecidas, que al momento rebasa los 123 mil durante los gobiernos de la 4T, sin duda, seguirá en ascenso.
Otro tema preocupante, es que hasta el momento la “estrategia” de los gobiernos de la “transformación” solo están preocupados en el discurso, pues en los hechos, existe una evidente falta presupuestal.
Aun con la inyección de cinco mil 900 millones de pesos durante los últimos seis años, la búsqueda de personas ha tenido pésimos resultados y ha sufrido recortes de más del 8% de presupuesto entre 2024 a 2025. Dar presupuesto a la búsqueda no ha sido una prioridad y en consecuencia ahí los pésimos resultados.
Además, ninguna estrategia para abatir las cifras de desaparición de personas estará completa si no se incluye a los colectivos de madres buscadoras y que se les otorgue un apoyo económico, pues muchos de los hallazgos, como el más reciente y lamentable en el rancho Izaguirre en Jalisco, ocurren gracias a los esfuerzos y recursos propios.
La magnitud del problema es grave, esperamos que las iniciativas de reforma a distintas disposiciones legales logren sensibilizar a los diputados del oficialismo y se aprueben, toda vez que esta enorme tarea es compartida y México no merece regateos en esta materia.
* Diputado Federal (PAN), LXVI Legislatura
