Raúl Flores Martínez.
En un acto que refleja la descomposición moral y la complicidad institucional que carcome a la política mexicana, las diputadas de Morena han decidido cerrar filas en torno a Cuauhtémoc Blanco, diputado morenista, acusado de tentativa de violación.
La decisión de protegerlo de ser juzgado por este delito no solo evidencia el doble discurso del partido que dice defender los derechos de las mujeres, sino que confirma lo que muchas víctimas ya saben: en México, la justicia no es para todos, y menos para ellas.
El caso de Cuauhtémoc Blanco no es un hecho aislado. Durante décadas, la impunidad ha sido la norma para los agresores, quienes se benefician de un sistema podrido en el que policías, ministerios públicos y jueces no solo miran hacia otro lado, sino que activamente encubren y protegen a los responsables de violencia contra las mujeres.
El mensaje es claro: si tienes poder, dinero o influencias, la ley se convierte en un mero adorno.
El caso de Blanco desnuda la verdadera cara de Morena, un partido que en sus discursos enarbola la bandera de la justicia social y la defensa de las mujeres, pero que en la práctica protege a los agresores que forman parte de su estructura política.
Las diputadas morenistas que decidieron proteger a Blanco están enviando un mensaje devastador: las mujeres no importan cuando el agresor es “uno de los nuestros”.
La impunidad no distingue cargos ni profesiones. En este país, ser diputado, policía, obrero o incluso médico de instituciones como el IMSS y la Secretaría de Salud otorga una especie de inmunidad automática.
El sistema está diseñado para que el agresor tenga siempre la ventaja, respaldado por redes de poder que, con unas cuantas monedas o favores políticos, garantizan protección y encubrimiento.
En los próximos días, revelaremos un caso que confirma esta dinámica perversa: un médico del Seguro Social y de la Secretaría de Salud, que, con la complicidad de un juez de Iguala, Guerrero, está utilizando su poder e influencias para despojar de sus propiedades a su ex esposa.
La misma mujer que durante años fue sometida a violencia física y psicológica, al igual que sus hijos, ahora enfrenta un proceso en el que la justicia parece estar a la venta para el mejor postor.
Este no es solo un caso de injusticia, es una muestra de cómo el sistema judicial y político mexicano está diseñado para proteger a los agresores y castigar a las víctimas.
La pregunta no es por qué Cuauhtémoc Blanco está siendo protegido por Morena, sino cuántos más como él seguirán gozando de impunidad mientras las víctimas son revictimizadas por el mismo aparato que debería protegerlas.
La violencia de género en México no solo es una crisis social, sino una crisis de Estado. Mientras el poder político y económico siga blindando a los agresores, las mujeres seguirán enfrentándose a un sistema que las traiciona una y otra vez. Y las diputadas de Morena que hoy protegen a un agresor deberán responder ante la historia por el precio de su complicidad.
