El adiós a la Ley Bonilla: un rayito de esperanza

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Alejandro Zapata Perogordo.

Envueltos en un conjunto de circunstancias inéditas tanto por su impredecibilidad algunas de ellas y otras por la incapacidad del Estado para encauzar una adecuada solución, el hecho objetivo es que se han presentado todas a un mismo tiempo: inseguridad, robos, violencia, peste, muerte, crisis económica, aislamiento, autoritarismo y desolación.

Nunca en la época contemporánea se había presentado un panorama de esa naturaleza, algunos aspectos como es sabido por todos se padecen a nivel mundial, otros que también impactan severamente, corresponden al ámbito local, dejándonos un sentimiento de impotencia e indefensión, el gobierno rebasado e incapaz de atender las causas y los efectos, junto al socavado Estado de Derecho ha permitido excesos en el uso del poder.

En medio del escenario fuimos testigos de ese abuso cuando el Congreso de Baja California en evidente complicidad con el Gobernador electo Jaime Bonilla de extracción morenista emitió una reforma aumentando su periodo de dos a cinco años, vulnerando los más elementales principios y valores que han sostenido nuestra frágil democracia.

Al principio y en un mar de criticas la ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero titular de la Secretaria de Gobernación y conocedora del tema, se pronunció en contra, para recular días después, siendo la encargada de la política interior, el mensaje a la Nación fue demoledor: los intereses del grupo se encuentran por encima del pacto federal.

Se fue creando un ambiente de duda al observar actitudes condescendientes en el atraco al orden constitucional, ojo, no en cuanto a la palpable violación a la Carta Magna, sino con relación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sucumbiera ante las presiones cupulares y permitiera el abuso dejando un precedente a todas luces nocivo ocasionando la destrucción del ya de por si erosionado sistema democrático.

Para sorpresa de muchos, incluyéndome, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el asunto se comportó a la altura, el proyecto a cargo del Ministro Fernando Franco, no tiene desperdicio, su planteamiento en el que aborda prácticamente todos los tópicos es impecable, no deja margen para la controversia, el debate fue de adición unánime sumando posturas en aras de robustecer la argumentación planteada.

Cabe señalar el lenguaje utilizado por algunos Ministros de la Corte, que fue demoledor, en particular la participación del Presidente, pues refiere que la norma impugnada como inconstitucional deriva de un proceso legislativo proveniente a todo un entramado construido para llevar a cabo un fraude a la constitución, burlando los principios democráticos y la certidumbre del voto.

Así se deja la puerta abierta para fincar responsabilidades a sus autores y cómplices, ya que resulta insuficiente la declaratoria de inconstitucionalidad sino va acompañada de sanciones. En este apartado coincido con el Senador Ricardo Monreal, en el sentido de que los delitos de carácter electoral deben ser considerados graves, el problema estriba en que en este país quien tiene el poder utiliza la regla de “hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre”.

Es preciso destacar, aunque haya sido la reunión de la Corte vía remota, se distinguió en esta ocasión por su independencia, defensa del orden constitucional y acreditó la división y el equilibrio de poderes que debe prevalecer en nuestro sistema republicano, lo que desde luego en las condiciones en que estamos atrapados nos abre un rayo de esperanza.