Francisco Garfias.
El asesinato a sangre fría del juez federal, Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, es un dardo al corazón del vilipendiado Poder Judicial Federal.
Es también dinamita para los equilibrios entre el crimen organizado y un gobierno federal que pone más empeño en descalificar a sus críticos que en combatir la poderosa mafia mexicana.
Al juez, que se ocupaba de delitos como el narcotráfico, huachicol, lavado de dinero, crimen organizado, lo mataron con su esposa en la casa que acababa de alquilar en Colima, delante de sus dos hijitas –3 y 7 años– y de la nana.
Los sicarios utilizaron armas de alto poder a plena luz del día. El objetivo es intimidar, doblar a los juzgadores. Someterlos a sus intereses. No hay límites, ni códigos de honor.
¿Qué sigue? ¿Más impunidad? ¿Perdón y olvido?
El gobierno no puede voltear hacia otro lado. Asesinatos como éste aceleran la descomposición del país.
Algo similar ocurrió en Italia hace casi 30 años con el juez Giovanni Falconi y su esposa.
La respuesta del estado debilitó a la “Cosa Nostra”, pero allanó el camino a organizaciones como la “Ndrangheta”, hoy en día la más poderosa en Europa.
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La noticia de la doble ejecución llegó a la SCJN en los momentos en que el pleno sesionaba virtualmente.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, la interrumpió para dar la terrible noticia al pleno. Luego la suspendió para ocuparse personalmente del caso.
La Corte y el Consejo de la Judicatura condenaron el doble asesinato, al tiempo que mandaron un mensaje “claro y categórico” a los criminales:
“La actividad jurisdiccional seguirá adelante. No nos detendremos, menos con estos actos intimidatorios, a fin de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución…”.
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Buscamos al ministro Alberto Pérez Dayán para pedirle una reflexión sobre el doble asesinato. ¿Qué sintió como juzgador? Preguntamos.
Respondió:
“Angustia por la familia. Uno como quiera. Saber que en esto arrebatan la vida de tu esposa y marcan de manera permanente a tus hijos es de una consternación extrema.
“Es un hecho profundamente doloroso. Te ves en la impotencia natural de exigir que esto ya no siga sucediendo.
“Ojalá cesen las descalificaciones y los insultos a los juzgadores. Solo incitan al mal”, concluyó.
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Uriel Villegas había llegado a esa entidad para asumir el cargo de juez de control del Centro de Justicia Penal Federal.
Venía de Jalisco, un estado donde ser juez te lleva a enfrentar la Ley de “plata o plomo”.
Se sabe que tuvo a su cargo uno de los procesos que se instruyeron en México a Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, antes de ser extraditado a Estados Unidos, en febrero pasado.
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Isabel Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, tiene otros datos sobre la incidencia de los plagios.
Afirma que subieron en el mes de mayo en 4.5 por ciento, a 116, en relación al mes de abril, aunque las carpetas de investigación disminuyeron 21.2 por ciento.
Las víctimas no solo son personas de alto poder adquisitivo, como afirma el presidente. “Secuestran al que tiene”, dijo en una de las mañaneras.
Wallace reviró en videoconferencia: “las víctimas son trabajadores, estudiantes y comerciantes informales, debido a que los delincuentes obtienen una menor cantidad de dinero pero en un tiempo mucho más corto”.
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Vaya mesa de mujeres líderes que logró reunir Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI, en el Foro Digital sobre la Garantía del Derecho de Acceso a la Información en Materia de Género, y su Trascendencia en los tiempos del Covid 19.
Participaron, entre otras muchas, Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva del Senado; Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia; Mónica Soto, magistrada del TEPJF.
Hubo coincidencia en que la pandemia ha exacerbado la grave situación de vulnerabilidad de la mujeres confinadas frente al fenómeno de la violencia.
Pero también sobre la utilidad de ejercer el derecho a la información para combatir la violencia de género.
FIN.
