Alejandro Rodríguez Cortés*.
Nunca como en los últimos días se ejemplificó más claramente que la política de comunicación de la mal llamada Cuarta Transformación, esa que privilegia la difusión diaria de ocurrencias por encima de los temas relevantes, se complementa con un postulado que sus protagonistas siguen al pie de la letra: “si descubren nuestras mentiras e inconsistencias, neguémoslo hasta la ignominia y hagámonos víctimas de la prensa, la derecha y los conservadores”.
El lapidario reportaje que presentó el periodista Carlos Loret de Mola donde documenta las propiedades inmobiliarias de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de su esposo, el activista John Ackerman, impactó en la línea de flotación de la encargada de hacer cumplir una de las promesas presidenciales: acabar con la corrupción pública.30
No sólo se tambalea la imagen supuestamente incólume de un miembro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, sino de una de las figuras visibles del ala más radical del lopezobradorismo; de una pareja de activistas cercanos al mandatario y dueños del mismo discurso setentero de redención social por sobre cualquier lógica económica.
El matrimonio Ackerman, el de dos académicos que han llamado a la rebelión popular, que se han apoderado de instancias universitarias para hacer política, que han propuesto repartir el Producto Interno Bruto entre la población para que a cada familia le correspondan 40 mil pesos mensuales, ahora se enfrentan al escrutinio público por poseer 6 propiedades adquiridas en muy poco tiempo a pesar de los supuestamente modestos ingresos correspondientes a su actividad.
Pero en vez de aclarar el origen de su fortuna -alegan simplemente arduo trabajo y sospechosas herencias- se lanzan furiosos a desacreditar la investigación periodística que los exhibe por lo menos como hipócritas, aunque los montos sugieran tráfico de influencias y, por lo tanto, corrupción.
Y casi al mismo tiempo que el presidente de la República reconociera que él fue quien decidió la liberación del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del célebre convicto Joaquín “El Chapo” Guzmán, la secretaria Sandoval Ballesteros llamó “sicario del periodismo” a Loret, mientras un Ackerman fuera de sí amenazó con demandar al informador.
La consigna: liberar al capo y perseguir al periodista. Abrazos a los delincuentes por un lado; señalamientos a los informadores que nos critican por el otro. Culpar a todos y a todo de la verdad mostrada, sin negar la información que desnuda las miserias de un movimiento que juró y perjuró “no mentir, no robar y no traicionar”.
Pero esta respuesta histérica de negarlo todo no solo provino de los señalados. Todos dejaron sus tareas para defender en Twitter a los Ackerman y así vimos que mientras varias localidades de Guanajuato estaban bajo fuego del crimen organizado y que apareciera una pila de cadáveres en Sonora, la Secretaria de Gobernación aplicara el mismo guión, como lo hizo también el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, al tiempo que la cuenta de fallecimientos por la pandemia alcanzaba oficialmente las dos docenas de millares.
Días también de presiones gubernamentales para retirar del aire a un “influencer” digital que participaría en un malogrado debate sobre racismo y clasismo. Horas oscuras de presión sobre la libre opinión de las ideas.
Tiempos de una fotografía oficial de la visita presidencial -por fin- a un hospital Covid, que resultó una simulación, como literalmente se reconoció en un comunicado oficial posterior. O sea: mandemos una imagen montada que nos ayude, y si no funciona, aclaremos que era una demostración y no la realidad de un paciente auténtico y de su presidente cercano.
Pero como ironiza espléndidamente mi amigo Fernando García Ramírez: “todos en la 4T están sufriendo una campaña de desprestigio. Todos. Y eso que ellos tienen los recursos, los medios, las instituciones, el gobierno. Son víctimas en el poder”.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista
@AlexRdgz
