SCJN invalida Ley Bonilla: triunfo del Estado de Derecho y del PRD

Isaías Villa González*.

El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la llamada “Ley Bonilla”, que pretendió extender el mandato del gobierno de Baja California de 2 a 5 años, después de realizadas las elecciones. Por unanimidad de los 11 Ministros, y con argumentos contundentes, no solo fundamentaron la inconstitucionalidad de la reforma, sino que la fustigaron como “un gran fraude constitucional”. El Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, la calificó como “una violación al voto público, a la soberanía popular y a los principios democráticos”.

Esta determinación es altamente significativa. Expresa una conducta autónoma de la SCJN, como salvaguarda del estado de derecho. ¡Qué mal andan las cosas en México, que es aplaudible el elemental cumplimiento de la SCJN!

Y es que hubo muchos mensajes ominosos desde el poder absoluto que AMLO viene concentrando. Vimos a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, celebrando con el Gobernador Bonilla en su toma de posesión, la “pervivencia” de la malograda ley; a su Subsecretario Ricardo Peralta y a Yeidkol Polevnsky defendiéndola. Y al propio AMLO dando espaldarazos a Bonilla, la última vez el sábado 28 de marzo pasado, cuando dijo “es mi amigo”. Por cierto, el Presidente jamás ejerció su facultad de interponer recurso de inconstitucionalidad. Pese a todo, la indolencia y complicidad de Morena y la 4T fue derrotada.

Esta resolución representa un triunfo para el PRD, la ciudadanía progresista y, en particular, para Jaime Martínez Veloz, ex candidato del sol azteca para la gubernatura del estado, quien se ha erigido como el principal opositor a los atropellos, ilegalidades y saqueo del gobernador Bonilla. El PRD demostró sin titubeos, con acciones legales y políticas su convicción democrática, ejercida a través de las instituciones. Impugnó en los órganos y tribunales electorales, locales y nacionales. Recurrió con recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN. Y también interpuso denuncia penal en la Fiscalía General de la República, y demanda de juicio político en la Cámara de Diputados, contra los legisladores que votaron esta reforma; sobre todo ante los indicios públicos de que Jaime Bonilla había corrompido para tener la mayoría legislativa necesaria. Cabe recordar que el 31 de mayo de 2019 el entonces presidente de la mesa directiva del Congreso de BC, el priísta Benjamín Gómez Macías, denunció que gente de Bonilla le había ofrecido “un millón de dólares” para citar a los Diputados y aprobar la ley Bonilla. La maniobra pudo en esa fecha ser abortada; no así el 9 de julio, luego de las elecciones, cuando Gómez Macías y 20 Diputados más la aprobaron, bajo sospecha de haber sido corrompidos.

Ante su derrota y exhibición como solapadores de trampas e ilegalidades, algunos dirigentes y personajes de Morena y la autodenominada 4T salen ahora a deslindarse de Bonilla y los legisladores en entredicho. Pues bien, tienen otra oportunidad de reivindicarse: que convenzan a sus Diputados de Morena y aliados para que se impulse el Juicio político contra los diputados que aprobaron la llamada ley Bonilla, se les desafuere en su caso, y se les imponga sanciones de ley. Como decía desde el siglo XVIII el gran filósofo jurista César Becaria: “el fin de las penas no es atormentar y afligir un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido…(sino) impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos, y retraer a los demás de la comisión de otros iguales“.  Becaria, C. Tratado de los delitos y de las penas. Porrúa edit; México, 2004.

*Consejo Nacional del PRD

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