Medidas Draconianas de Carlos Joaquín para paliar la crisis sanitaria

Miryam Gomezcésar.

En entidades como Quintana Roo, los números y los modos  ¡Vaya que importan!, en medio del claustro ‘voluntario’ por la realidad de la crisis sanitaria, cuando la mayoría de las familias radicadas en estos litorales permanece confinada con la esperanza de evitar ser parte de la estadística oscura, la información apocalíptica, por desbordada, asusta.

Las cifras sobre los casos de contagio preocupan a la mayoría que percibe en su propagación la posibilidad de afectación personal y de su familia. Al conocer los datos oficiales que hasta ayer, en la página virtual del gobierno federal sobre el seguimiento de la pandemia COVID-19 (coronavirus.gob.mx), los números indican que hasta el jueves por la noche había en el estado 468 casos confirmados, 594 negativos, 58 sospechosos, con 61 muertos, cifras que hoy presentarán la variación respectiva.

Pese a lo anterior, los ciudadanos no han bajado la guardia aunque para la mayoría la disciplina limita un alto porcentaje sus actividades productivas normales y otras las modifica, a casi dos meses de iniciado el encierro la desesperación empieza a percibirse en la susceptibilidad de las personas que permanecen en cautiverio pero también las que por alguna razón tienen que desatender las indicaciones y permanecen en la calle por la noción de que el estado se encuentra en el nivel de transmisión más acelerado junto a otras entidades.

La información sobre las entidades donde la mayoría de sus habitantes acataron la disposición de permanecer en casa está encabezada por Quintana Roo, esto es un indicativo que sirve de aliento a las familiar esperanzadas en que pronto termine el encierro y se logre recuperar la actividad normal.

Las disposiciones para paliar la crisis sanitaria en las entidades, fueron conferidas por el Presidente de la República a los gobernadores, quienes se entusiasmaron así como a sus respectivos titulares de Salud y Seguridad Pública.

En este sentido, hay varias tan controvertidas como draconianas, causaron revuelo e indignación por lo que se considera una falta de visión y respeto porque, ya aplicadas resultan abusivas, fueron rechazadas, causando el enojo ciudadano por excesivas. Tal es el caso de las medidas tomadas para limitar el tránsito vehicular.

Esta semana el mandatario Carlos Joaquín González se dirigió a sus gobernados para referirse a su decisión de prohibir la circulación vehicular el fin de semana en los once municipios, al tiempo de asegurar que el transporte público sólo cubrirá el cincuenta por ciento de su capacidad.

Ya encarrerado, dijo que mantendrán los dispositivos para cerrar las principales vialidades e impedir también transitar a los automóviles con placas foráneas así como a los que porten permisos provisionales.

El establecimiento de filtros (retenes de revisión), aunado a la imposición de un registro que deberán tramitar los conductores para obtener un tarjetón vehicular que servirá de salvoconducto para quienes tengan que hacer recorridos esenciales diariamente, ésta última decisión ha sido calificada como innecesaria y fascista.

“A partir del próximo fin de semana queda totalmente prohibida la circulación a todas las personas que no realicen actividades esenciales o que estén moviéndose sin razón de abasto  o de emergencia de salud y será obligatorio el uso de cubrebocas para poder movilizarse  por la calle, en caso de que no se cuente con ello, la policía les proporcionará en os filtros de restricción de movilidad”, afirmó el mandatario.

Los abusos de autoridad han sido cosa de todos los días tanto como las quejas ciudadanas cuyas denuncias se acumulan en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo.

Lo cierto es que se ven limitaciones de criterio en algunas disposiciones, tal vez sea consecuencia de la falta de una explicación suficientemente clara y abundante, las medidas que se rechazan son tal vez por parecer más factores de desconfianza que una vía de acercamiento y aceptación.

Donde debe mediar una explicación satisfactoria sobre la orientación de cada protocolo y disposición instrumentados, los cuestionamientos han sido constantes por parte de los ciudadanos afectados que exigen un freno a la violación de su derecho a transitar, contemplado en la Constitución Mexicana de 1917.

“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones”.

La reacción es consecuente al sesgo que los ciudadanos reclaman a los agentes que aplican estas medidas por sus formas agresivas con las que la gente afirma sentirse intimidada. Pero también hay quienes desde la conveniencia de grupos, conscientes de la facilidad de los escándalos, aprovechan el momento para atizar el ánimo, hay videos en las redes donde ha quedado grabado.

Al ordenarse el uso de tapabocas a todos los ciudadanos que transiten en la vía pública y que, de hacer caso omiso a la instrucción podrán ser sancionados o incluso arrestados, esta advertencia también fue cuestionada por considerarla arbitraria por desconocer que este implemento puede improvisarse de manera artesanal.

Aunque la disposición oficial establece que sólo podrán continuar funcionando aquellas empresas cuya actividad es esencial, muchos trabajadores son forzados a acudir diariamente en la conciencia de hacerlo bajo las disposiciones sanitarias impuestas por la autoridad como portar cubrebocas en la vía pública y usar gel antibacterial pese a la dificultad para conseguir estos artículos que escasean en el mercado, los obreros que diariamente deben trasladarse a su centro laboral, por ejemplo, a la  Zona Hotelera de Cancún, lo hacen atemorizados por desconocer una forma distinta de protegerse como fabricar su propio cubrebocas artesanal.

En su comunicado virtual el gobernador Carlos Joaquín González se comprometió a ser más estricto en el cuidado y apoyo a los grupos vulnerables, esperemos que esto sea realidad y no relegue las acciones a quienes lo han hecho quedar mal, menos, por tratarse de un asunto de salud tan delicado. La situación lo exige.

También las restricciones sobre el acceso a los lugares para abastecerse de alimentos y artículos sanitarios tienen problemas. Un dilema adicional a la emergencia sanitaria en destinos como el Caribe, es la cantidad de personas que viven solas en condiciones precarias visibles. ¿Cómo logran subsistir?

Para muchos es una incógnita difícil de imaginar pese a la frugalidad o el abandono como viven, las personas vulnerables que no necesariamente se nutren o requieren caridad, son ciudadanos comunes con los mismos derechos de todos.

En los centros comerciales de autoservicio y tiendas de conveniencia sólo se permite el ingreso a una persona por familia, sin embargo, en las departamentales como Walmart, Chedraui, Costco, Soriana o de conveniencia como los Seven Eleven, los Oxxos, entre otras, se leen cartulinas con letreros que indican las medidas dispuestas que resaltan el impedimento de ingreso a personas de la tercera edad y mujeres embarazadas; los dependientes tienen prohibido permitirles el paso para adquirir lo que necesitan.

Sin embargo, aunque el origen sea para su protección hay poca información. Por ejemplo, en tiendas como Superama de la avenida Bonampak, sobre una mesa colocaron un aparato de sonido que repite incesante una grabación “Estimados clientes, por disposición oficial, adultos mayores y mujeres embarazadas no podrán realizar sus compras dentro de nuestras tiendas…”, por acuerdo con las autoridades que adicionalmente sugirieron a los elementos de seguridad privada que, en caso de alguien oponga resistencia, llamar de inmediato al 911. ¿Es en serio?

Significa esto que los llamados adultos mayores, quienes están en la llamada 3ª edad pero también en la 5ª  pregunta ¿perdieron su derecho? De atreverse a reclamar la restricción de su acceso a realizar sus compras, los viejos o embarazadas ¿Serán subidos a una patrulla y remitidos a las oficinas ministeriales? ¿Por qué tanta amenaza?

La respuesta está en el trato diferenciado, a sus aliados con guante blanco y con formas bruscas a  los demás. Son las dos varas con que se mide a las personas según los intereses creados. Siendo una cuestión de falta respeto inaceptable hay un dejo de apatía en todo esto.

Tal vez por eso, la senadora Marybel Villegas Canché, desde el 17 de abril opinó “Es preocupante la situación en Quintana Roo pues las autoridades de seguridad están aplicando protocolos policiales para contener un problema de Salud. Quintana Roo no debe utilizar la fuerza contra la gente, en particular, la nueva medida para registrar con tarjetones los vehículos que circulan por las carreteras del estado atenta contra la libertad de tránsito y supone un riesgo grave de violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales… Hago un llamado a las autoridades a no atentar contra la integridad de la gente y que garantice el respeto irrestricto de los Derechos Humanos…”.

En medio de este caos agobiante, cuando la incertidumbre invade a la mayoría, nos enfrentamos de nuevo a la ausencia de comunicación oficial asertiva.

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