México.- Las empresas de distribución de vehículos –cuyas ventas se mantuvieron a las baja durante tres años hasta febrero pasado- aprovecharon las perspectivas a la baja de la economía para reiterar al gobierno que se les den apoyos fiscales y de impulso al sector. Todo bajo la advertencia de que actuar como lo pide la industria evitará “despidos masivos” en un sector que emplea a cerca de 516 mil personas.
“Los diversos eslabones del sector automotriz que hoy es la fuente de mayor generación de divisas para el país, proponen realizar una mesa de urgencia con el Presidente y su gabinete económico, para tratar la necesidad de estímulos fiscales y la aplicación de políticas públicas de emergencia debido a la crisis”, dijo al respecto Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Ello, horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcara que en lo inmediato no se contemplan salvavidas fiscales o rescate de empresas, y todo el apoyo de emergencia para la crisis –que avanza por efecto del COVID-19 y el desplome en el precio del petróleo- será para la población más vulnerable del país, primero adultos mayores, así como los trabajadores “que se buscan la manera como pueden” con las tandas para el bienestar.
No obstante, la AMDA recicló algunas de las medidas que ya había pedido al gobierno como un programa emergente de créditos de liquidez para las empresas (Banca de desarrollo y sistema financiero), ahora “con objeto de hacer frente a la caída en la generación de ingresos durante el tiempo que se mantenga la crisis y evitar los despidos de personal”.
Así como un acuerdo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para modificar temporalmente los lineamientos de calificación crediticia a efecto de no castigar créditos.
Entre medidas fiscales nuevas con las que se pretende no materializar despidos en pequeños y medianas empresas, se cuenta un programa diferenciado según el tamaño de la unidad económica; subsidios focalizados para población vulnerable; diferimiento en el pago de obligaciones sociales a cargo de los patrones: Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
También agilizar devoluciones de impuestos a favor de los contribuyentes por parte del SAT y el pago a proveedores del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado.
También se pide la exención para el pago provisional de impuestos, primero del impuesto sobre la renta (ISR) a trabajadores hasta cuatro salarios mínimos, un esquema de diferimiento en seis parcialidades en el pago de la declaración definitiva del ISR del ejercicio fiscal 2019 a Personas Morales. Llevarlo a cabo sin necesidad de garantizar el interés fiscal y sin una tasa preferente de recargos, y la deducción inmediata de inversiones.
Luego de la emergencia sanitaria pidieron medidas para fortalecer al sector con la renovación del transporte público de carga y pasaje en sus diferentes modalidades, de la flota vehicular de las micro y pequeñas empresas; una reforma del marco fiscal en la adquisición de vehículos y fortalecer el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores para impulsar el mercado interno de bienes de consumo duradero.
La Jornada / Dora Villanueva
