De la ocurrencia a la extorsión: AMLO da a México el avión

Isaías Villa González*.

El Presidente López Obrador inventó una insólita rifa del avión presidencial para distraer a la gente, y así tapar sus errores e ineficiencias que mantienen al país en la inseguridad, la violencia, el estancamiento económico, el desamparo en salud, entre otros problemas. El propio fracaso de la no venta del avión, es prueba de sus promesas demagógicas con las que embelesó a muchos, y que hoy se estrellan con la realidad.

Luego de su anuncio inicial como opción, se señalaron las inconsistencias de esa gracejada: la Lotería Nacional para la Asistencia Pública no puede rifar y entregar premios en especie; todos los premios implican un impuesto que, dado el monto del caso, resultaba imposible de cubrir por cualquiera… que además tendría que venderlo a su vez. Ello además de los problemas logísticos (lugar para tenerlo), operativos (destino de uso) y económicos (costos de mantenimiento y modificaciones) para el supuesto afortunado ganador.

La salida a esta ocurrencia presidencial, cortina de humo, es la clásica amloísta: engaño, propaganda para sí y obtención forzada de recursos. Hoy AMLO anuncia que no se rifará el avión presidencial, sino 100 premios de 20 millones de pesos; que el sorteo se efectuará el 15 de septiembre, con lo que tendrá tema para seguir distrayendo durante varios meses; y que, de entrada, está convocando a empresarios para que ayuden a vender “cachitos” de la rifa.

Es de resaltarse este último asunto: se puede estar pasando de la ocurrencia a la extorsión, como bien señalaba ya el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa radiofónico. La Real Academia de la Lengua define a la extorsión como la “presión que se ejerce sobre alguien para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio”.

Veremos si no estamos ante ello. Si los empresarios invitados a participar no sienten alguna presión, luego de los cambios legales que criminalizan discrecionalmente acciones fiscales y operativas, y penalizan con tipificación de crimen organizado y extinción de dominio. Sabremos si hay o no presiones a los servidores públicos de todos los niveles, para adquirir obligatoriamente un determinado número de boletos, a fin de no poner en riesgo sus empleos. Y así todos los organismos corporativos: sindicatos, organizaciones, partidos (Morena y satélites), cuyos líderes fuercen a sus agremiados para quedar bien con el tlatoani. Y una gran infamia, no descartable, sería que a los propios beneficiarios de los programas sociales se les indujera a comprar “cachitos”, con el condicionamiento de requerirlo para mantener los apoyos respectivos.

Sin duda mejorar la atención en salud es necesario y requiere más recursos. Pero el Presidente y su gobierno poseen mecanismos legales y legítimos para obtenerlos: desde redistribuir el presupuesto, priorizando la salud a programas asistencialistas y electoreros; hasta emprender un diálogo nacional para una reforma fiscal progresiva. Lo que resulta inadmisible es la velada extorsión social, envuelta en un despliegue propagandístico, que además intente ocultar los verdaderos problemas que aquejan a la ciudadanía de nuestro país. No admitamos que “nos den el avión”.

*Consejero Nacional del PRD

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