José C. Serrano.
El Plan de Persecución Penal que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, envió en fecha reciente al Senado de la República, deja entrever que la dependencia no posee la capacidad de investigar exhaustivamente las denuncias que, por cientos de miles, llegan a esa instancia gubernamental.
Destaca el fiscal que su antecesora, la Procuraduría General de la República (PGR) dejó un rezago de 300 mil expedientes, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, 28 mil mandamientos ministeriales pendientes y 3 mil dictámenes periciales rezagados. Etas cifras espeluznantes son para quitarle el sueño hasta a don Pasiflorino.
Reconoce el fiscal que las capacidades de investigación del personal de la dependencia a su cargo son insuficientes, con respecto a la magnitud actual de la incidencia delictiva y, por tanto, el impacto en la persecución de la actividad criminal más sofisticada es nula, por lo que se determinó un modelo de 10 ejes a los que se dará atención prioritaria.
El primero de ellos es el combate a la corrupción, que comprende delitos como el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
El segundo agrupa delitos contra el patrimonio nacional, como sustracción ilegal de hidrocarburos. En el tercer eje se atenderán los crímenes económicos y financieros, entre ellos lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y defraudación fiscal.
La cuarta prioridad de la Fiscalía General de la República (FGR) la constituyen las denuncias contra violaciones a los derechos humanos, entre ellos la trata de personas, delitos contra migrantes, periodistas y defensores de garantías constitucionales. Otro eje lo conforman el secuestro y la extorsión.
Uno más es el contrabando y otros contra el comercio. Después están los ejes que combaten la ilegalidad en armas de fuego, contra el sistema electoral, ambientales y al final los delitos relacionados con el narcotráfico.
Señala Gertz Manero que, para la liquidación del rezago histórico, se destinará el 70 por ciento de los agentes del Ministerio Público Federal (AMPF); el 30 por ciento restante se hará cargo de los casos relevantes.
En esta estructura tan sui géneris tienen cabida los diez mandamientos del titular de la FGR.
México Evalúa, centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados, pone sobre el escritorio del fiscal general algunas inquietudes como la siguiente: “Necesitamos una política criminal racional que contemple un uso más eficiente de los recursos disponibles. Así, se podrán establecer criterios transparentes y justificados para explicar la toma de decisiones de las autoridades, dar certidumbre a los ciudadanos y cerrar los espacios para el voluntarismo y la corrupción”.
Para que las fiscalías y procuradurías locales, así como la federal, logren una persecución estratégica, se propone que definan políticas de priorización con estructuras flexibles a partir de elementos como: gravedad del delito, condiciones de las víctimas, estructuras criminales, factibilidad y viabilidad para su investigación y judicialización.
No todos los delitos federales son prioritarios. El 22 por ciento del total de las investigaciones iniciadas por la FGR fueron por delitos patrimoniales, de enero a septiembre de 2019. Los casos que logra judicializar son, en su mayoría, por portación de arma de fuego prohibida, y delitos contra la salud. El porcentaje de casos judicializados por el delito de secuestro es similar al del crecimiento de la economía en este país.
México Evalúa pone al alcance de los interesados en el tema, un documento de 25 páginas, que intitula: “Hacia una Persecución Penal Estratégica”. Su lectura es esencial para los operadores del Plan de Persecución Penal.
