México.- Una mujer fue agredida sexualmente por un jefe de custodios mientras permanecía recluida en el un centro de reclusión para hombres en Zacatecas, situación que ha puesto en la mira el sistema de justicia y penitenciario del estado y que derivado en la separación del cargo de funcionarios.
Brenda fue detenida el 21 de agosto de 2018 y enviada al centro penitenciario del Distrito Judicial de Calera, donde estuvo recluida por más de veinte días.
A su llegada, la interna denunció que fue víctima de ataques sexuales por parte de un custodio. El 19 de septiembre, la víctima presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas por violación a su derecho a la integridad personal y sexual.
El secretario de Seguridad de Zacatecas, Ismael Camberos, dijo este viernes que la agresión no fue una violación sexual sino una violación “equiparada”, pues la “penetración fue con los dedos”.
El funcionario estatal informó que ya fueron cesados el director del sistema penitenciario del Estado, así como el Director General de Prevención, mientras que el custodio responsable de la agresión permanece prófugo.
Camberos defendió la decisión de recluir a la mujer en el centro de Calera porque es un “establecimiento distrital donde se admiten mujeres” mientras llevan sus audiencias de control de detención y vinculación a proceso.
“Las mujeres siempre han estado separadas, nunca han estado en los mismos espacios físicos que las personas privadas de su libertad del sexo masculino”, aseguró el director de Seguridad Pública de Zacatecas en entrevista con Radio Fórmula
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que el centro de Calera no es considerada mixta, sino varonil, “por lo que es inaceptable” que la mujer fuera enviada a ese centro cuando la entidad cuenta con uno destinado para mujeres.
El organismo aseguró que la Tercera Visitaduría está articulando una estrategia de diálogo e intervención con las autoridades de Zacatecas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para generar medidas para proteger los derechos humanos de la mujer agredida.
A su vez la organización, Reinserta, que trabajo con población recluida, expuso que las cárceles distritales son establecimientos de confinamiento destinados a la reclusión de personas con motivo de la comisión de faltas administrativas, cuyo tiempo máximo es de 36 horas. Estos establecimientos no cuentan con la infraestructura, servicios, personal, ni protocolos necesarios de un centro de reclusión, ya sea preventivo o de reinserción.
“Condenamos y lamentamos toda vulneración a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y, muy en especial, aquellas que están vinculadas con agresiones por cuestiones de género en contra de las mujeres en reclusión, un grupo especialmente vulnerable”, expuso la organización en un comunicado.
Expansión
