Ciudad de México.- Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), presentó ante el Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal de la Ciudad de México e incrementar las penas para quienes filtren información sobre víctimas de delito.
Esto ocurre en respuesta a las movilizaciones que este fin de semana se realizarán en la capital, e incluso ante sedes de medios de comunicación, por parte de mujeres que protestan por la filtración y publicación de imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, la joven asesinada por su pareja el pasado 9 de febrero.
“Todas las personas servidoras públicas de esta fiscalía debemos honrar este compromiso y estar a la altura de nuestro deber. Quienes traicionan la confianza y se apartan de esta responsabilidad no tienen lugar en esta institución”, señaló.
La reforma consiste en agregar al código el artículo 293 Quater, para incluir agravantes en los casos de filtraciones cometidas por servidores públicos.
Dicho artículo quedaría así: “Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.
La pena aumentaría en tres casos: 1) en la difusión de imágenes de cadáveres, partes de cuerpos o lesiones, subiría una tercera parte; 2) si involucrara a víctimas mujeres, adolescentes o niños, subiría en 50%, y 3) si intervinieran policías en la filtración, el castigo implicaría cuatro años más.
Godoy aclaró que la reforma no va dirigida hacia los medios, pues como fiscal no le corresponde su regulación. Sin embargo, los llamó a no explotar las imágenes de víctimas.
“Los medios tienen una gran responsabilidad legal y ética con los derechos de las víctimas que deben asumir y respetar. Exhibir a las víctimas sin reparar en sus derechos y el dolor que provoca es un acto de profunda irresponsabilidad”, dijo.
“No hagamos negocio con el dolor de las víctimas”, subrayó.
Expansión / Shelma Navarrete
