Ciudad de México.- Exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas de Ciudad de México durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera crearon nóminas irregulares, con las que inflaban los sueldos de algunos empleados para presuntamente desviar recursos públicos.
De confirmarse el método, se trataría de uno más de los modus operandi mediante los cuales se intentó desfalcar el erario del gobierno local desde la Secretaría de Finanzas en tiempos en los que Miguel Ángel Vázquez Reyes, asesor y operador financiero de Mancera, desde la Subsecretaría de Administración y Capital Humano, y por los que se le acusa y se le intentó detener en diciembre pasado, lo cual no ocurrió porque presentó una suspensión provisional de amparo.
Sin embargo, en este caso también hay un daño a las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (Issste), toda vez que se generó una nómina “por única ocasión” para jubilar a esos trabajadores con más de 24 mil pesos mensuales a cada uno, con cargo al instituto.
La creación de nóminas irregulares fue descrita en una de las denuncias, de la cual MILENIO tiene copia, a partir de la cual la Contraloría local inició una investigación contra al menos tres altos exfuncionarios de Finanzas, secretaria encabezada por Édgar Amador Zamora, hasta abril de 2018, y Julieta González Méndez, desde ese mes y hasta finalizar el sexenio pasado.
Los exfuncionarios indagados por la Contraloría son Hedilberto Chávez Gerónimo, exdirector general de Administración y exsubsecretario de Egresos de la dependencia, vinculado a proceso por otros casos de corrupción en la secretaría.
También Berenice Guerrero Hernández, exdirectora general de Administración y Optimización del Capital Humano y exsubsecretaria de Planeación Financiera, ya también vinculada a proceso, y Antonio Paz, sucesor de Vázquez Reyes, en la subsecretaría mencionada.
Al momento de los hechos denunciados, entre 2017 y 2018, estos personajes se encontraban adscritos a la Subsecretaría de Administración y Capital Humano.
En la denuncia en su contra se les acusa de presuntamente haber incurrido en faltas administrativas graves, como abuso de funciones y desvío de recursos.
El documento refiere que estos tres exfuncionarios firmaron convenios con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de CdMx para crear “de manera extraordinaria” nuevos tabuladores en la nómina con los que un determinado número de servidores públicos sería beneficiado con un incremento exponencial de su salario mensual, únicamente por un año, para después renunciar a su empleo y tramitar su pensión.
La intención de incrementar abruptamente el salario de estos empleados fue que al cabo de ese año pudieran jubilarse con una cotización ante el Issste muy superior a la que percibieron durante la mayor parte de su trayectoria laboral.
Aunque los convenios mencionaban, en total, a 369 beneficiarios, en el sistema de nómina se encontró que en realidad se benefició a, al menos, 528.
La denuncia solo señala a estos tres exfuncionarios, pero los convenios irregulares a los que se refiere incluyen firmas adicionales de otros personajes, como Miguel Ángel Vázquez y el ex líder sindical de los burócratas capitalinos, Joel Ayala Rivero; así como Aideé Maribel López Villavicencia, ex directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas; Leticia Lorencez Olvera, secretaria general de la Sección 17 Tesorería y Delegaciones; Víctor Hernández Villeda, secretario general de la Sección 11 del sindicato Catastro y Contribuciones a la Propiedad de Raíz, y Joel Villalobos Moreno, secretario general de la sección 30, Secretaría de Finanzas y Delegaciones.
Uno de esos tabuladores creados ex profeso y que presuntamente benefició a más personas, cerca de 268 trabajadores, fue el 1183 Personal Administrativo B, el cual, según la denuncia, no tiene fundamento jurídico que lo justifique, pero fue autorizado con firma electrónica por Vázquez Reyes para aplicarse a partir del 1 de febrero de 2018.
No obstante, este tabulador comenzó a aplicarse a partir de un convenio firmado el 26 de marzo de 2018, el último año del gobierno de Mancera, entre la secretaría y las secciones 11, 17, 30 y 39 del sindicato, para transformar las plazas de 139 trabajadores de base sindicalizados, que se desempeñaban como lecturistas y actuarios, con el incremento salarial correspondiente para que “una vez que permanezca un año ocupando las plazas transformadas, los trabajadores beneficiados causaran baja por jubilación”.
Pero aunque solo trabajarían un año con ese nuevo sueldo, también gozarían de licencias de tres meses con goce de sueldo.
Y a pesar de que el convenio solo mencionaba que serían 139 los trabajadores beneficiados, en una consulta posterior, el 20 de mayo de 2019, al Sistema Único de Nómina, se encontró con que fueron 268 los trabajadores que se incorporaron al tabulador 1183.
Otro convenio similar se había firmado ya el 28 de diciembre de 2017, por los mismos personajes, en el que se acordó la creación del tabulador 1187 y que el beneficio de la transformación de plazas se aplicaría a 55 trabajadores de base de la sección 17 del sindicato que también, al cabo de un año, se jubilarían.
Ese y otros convenios, permitieron que quienes percibían poco más de 10 mil pesos al mes se jubilarán percibiendo $24 mil.
Milenio
