Alejandro Zapata.
La corrupción en el país continua siendo asunto pendiente, es una actividad cotidiana, un lastre que seguimos cargando y corroe a las instituciones, carcome a la política, nubla las convicciones y salpica a todos, nadie escapa de especulaciones, rumores, linchamientos sociales, descalificaciones y acusaciones, tengan o no fundamento, históricamente se ha utilizado el tema como práctica de conflagración ilícita o bien, con o sin razón para desacreditar a los adversarios, no obstante, su despliegue también tiene una causa que la acompaña: impunidad.
El rubro evidentemente no es novedoso, sin embargo, ha permanecido con efectos escandalosos y nocivos, al grado de un hartazgo social, pese a algunos esfuerzos por combatir esa lamentable práctica, los resultados son precarios.
Con el objetivo de contrarrestar esas deleznables conductas se fueron creando instituciones y reformas legales, como el Instituto Federal de Acceso a la Información; la Secretaría de la Función Pública; la tipificación de Delitos en Materia de Corrupción; etc., hasta llegar a la formación del Sistema Nacional Anticorrupción, sin obtener a la fecha los resultados esperados.
Estas conductas se encuentra por desgracia sumamente arraigadas en la comunidad, forman parte de la vida cotidiana y el sector público es uno de los mayores promotores y beneficiario de esa actividad, sin que escape la proclividad que tiene a ello la actual administración, que además saca raja política del tema vía los discursos oficiales, sin apreciarse una verdadera voluntad política en aras de combatir con eficacia tan nocivas prácticas en los hechos.
Sin duda, se cuenta con las instituciones, herramientas, mecanismos y conocimiento para enfrentar con éxito la corrupción, ya sea del pasado, del presente y prevenir la futura, echando mano del entramado institucional para que, a través de la aplicación efectiva de las leyes, se deslinden responsabilidades con el debido proceso y se arribe a buen puerto, mediante la sanción a los culpables y, con ello, se destierre la impunidad y el castigo sirva para inhibir las malas prácticas.
Lo lamentable del asunto consiste en que es más rentable el uso político del tema, el escándalo provocado desde el poder en contra de los adversarios, construyendo verdades a modo, es un arma muy efectiva para mantenerse en el puesto oficial, sin importar la existencia de elementos jurídicos o procedimientos legales, lo importante consiste en acusar, señalar y construir una verdad política, aunque no coincida con la histórica o la jurídica, con tal de lograr el fin deseado, que seguir los cauces previamente establecidos.
Esa es nuestra triste realidad, estamos atrapados en la política del espectáculo, de una trama circense, que, si bien desde una perspectiva transitoria es muy atractiva para el electorado, pero desde la óptica de Estado es meramente superficial pues no se encamina a atender el fondo de la cuestión, condición que lejos de impulsar una solución al problema, vician los procedimientos al constituir conductas al margen de la ley.
Por otro lado, exhiben sus verdaderas intenciones. No encuentro otra explicación, en tanto que la persecución de los delitos incluyendo los relacionados con la corrupción son competencia de la Fiscalía, de hecho, un argumento de peso en la creación de una especial para la atención de ilícitos vinculados con la materia, dotada de autonomía e independiente, fue para no mezclar política con legalidad e imparcialidad, ahora vemos que ese principio se ha fracturado.
Estamos incursionando en el absurdo de que las mañaneras se conviertan en tribunal a mano alzada: quien va a la cárcel por corrupto y quien queda en libertad por la misma razón.
