Jorge Miguel Ramírez Pérez.
Lo que se venía venir, sucedió: diez gobernadores de los 32 dejan la CONAGO; la conferencia de mandatarios estatales, que fungía como un tímido grupo de presión sin inserción legal en el entramado constitucional de la República. Por lo pronto no todos los gobernadores se aglutinaron en lo que ellos han denominado como Alianza Federalista.
Este nuevo grupo inicia con diez: Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, envió un representante.
Sin embargo no debe descartarse que los demás del grupo de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) que no suscribieron por ahora la Alianza Federalista, como son: el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Yucatán, Mauricio Vila; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y Antonio Echevarría, de Nayarit; no se sumen a la posición común de urgir cambios sustanciales en el reparto de dinero de la bolsa participable, que a todas luces resultan inconveniente para las finanzas de las entidades.
De hecho, la mayoría de los gobernadores quieren quitar el acuerdo de coordinación fiscal con la Federación, porque para estados y municipios es inconveniente. La mayoría de los fiscalistas no lo ven así, comparten la visión central de los funcionarios de Hacienda: argumentan que los gobernadores no han mostrado interés por un manejo honesto y transparente del dinero a lo largo del tiempo; pero esa débil postura, tampoco se acompaña de la evidencia que los gobiernos centrales sean ejemplares en la honestidad. Al contrario, día con día, se viene demostrando que la corrupción de los gobiernos centrales, tiene proporciones descomunales.
Claro, la desproporción de dinero es muy evidente: de cada peso que se reparte del Fondo General de Participaciones, solo la quinta parte, es decir el 20%, es para los estados, que deben otorgarles a sus municipios a su vez, un 20% de lo suyo. Y la pregunta obligada: ¿qué pasa con las cuatro quintas partes que se queda el gobierno central?
Los burócratas centrales desde que se inició el acuerdo en el que abdicaron de sus facultades recaudatorias los estados, han corrido la especie, de que “los estados no recaudan”, que dependen de la recaudación del SAT; lo que no dicen, es que las fuentes principales de ingresos son el IVA, que una vez fue de los Estados y el ISR, el impuesto sobre la renta que, en el Convenio de Coordinación Fiscal, se los quedó el centro, al igual que el IEPS. Solo les dejaron a los municipios el predial, uno de los impuestos importantes. Este impuesto el gobierno de la Ciudad de México no se los ha dejado a los municipios.
Centralizar la recaudación fue en su momento un avance, pero tal vez ahora ya no lo sea. Las finanzas no mejoran, el control del gasto tampoco y siguen en la informalidad amplios sectores, que escapan a un SAT que permitió el enorme fraude de las factureras y la evasión de grandes corporaciones que gozaron de privilegios fiscales, que les otorgaron funcionarios de alto nivel de Hacienda y del país.
Pero si la Alianza Federalista trae banderas fiscales legítimas, también hay que entender que, en vísperas de las elecciones intermedias, la oposición se ve huérfana, urge de liderazgos que no tiene, ya sea por el desgaste de una primera línea de funcionarios del pasado, cuestionada por hechos de corrupción directa, como por el hecho, consecuencia de lo anterior, de que muchas posiciones de los partidos opositores en las cámaras, fueron proyectadas solo para contener el juicio a los corruptos o para proteger complicidades.
Tal vez en esas circunstancias las figuras de Javier Corral de Chihuahua o de Enrique Alfaro de Jalisco, sean las relevantes en este proyecto de la Alianza Federalista, que no puede excluir ese propósito coyuntural, de construir liderazgos con la visión puesta en un horizonte que se ve lejano por ahora, el del 2024.
