Ernesto Zavaleta.
San Lázaro se pide justicia para las posibles víctimas de decisiones políticas del pasado ¡justo a tiempo! Es 2 de octubre. Es cuanto.
Pasó la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno casi.
Fue declarada constitucional en una votación de seis a favor por cinco en contra de los once ministros de Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque aún queda como fecha de aplicación el primer domingo de agosto de 2021, y tuvo un “pequeño” cambio.
Ahora así se redactó la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Quedaron fuera de la pregunta aprobada los nombres de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Ahora el alcance de los resultados de la Consulta Popular propuesta por Andrés Manuel López Obrador, lo incluye a él mismo por su gestión en 2019, a su gabinete, a los políticos que acompañaron a los cinco expresidentes en su gestión, y atrás en el tiempo, sin límite, a todos los políticos que hayan causado víctimas por sus decisiones políticas.
¿Cuántos ex presidentes, hasta qué fecha; sólo ex presidentes, o también se considera “actores políticos” a ex secretarios de Estado, ex directores del gabinete ampliado, a ex legisladores, a ex líderes de partidos y sindicatos o, incluso sociales; a dirigentes de la CTM, CNOP, CNC?
¿A cuántos incluye ahora la pregunta de la Consulta Popular?¿Sólo es a nivel federal o alcanza a estados y municipios?
Y si es para “emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados”, ¿incluye la gestión de López Obrador en el 2019? O quizá sólo a los que renunciaron el año pasado a sus cargos en el actual gobierno federal.
Lástima que se canceló la marcha conmemorativa al 52 aniversario de la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. Pudieron esos manifestantes haberse sumado a los “festejos” del presidente y los morenistas por la autorización judicial para hacer la Consulta Popular.
Ahora tácitamente se incluye en el alcance de la consulta popular los también ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, y a sus gabinetes.
Sin notar este “pequeño detalle”, seguro como es su costumbre sin revisar los textos, voces e imágenes en los medios, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, se apresuró a publicar en su twitter:
“La decisión de la @SCJN sobre la constitucionalidad de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes es un paso trascendental para la construcción de una democracia verdadera.
Hoy el pueblo de México gana una lucha de décadas, por la que millones lo han entregado todo”.
Lucha de décadas, por supuesto, cuántas es discrecional, como la pregunta aprobada por la Corte.
La Consulta Popular fue discutida por casi tres horas en las que los once ministros de la SCJN expusieron sus opiniones primero a favor y en contra de la realización, y luego de un receso, a favor y en contra de la nueva pregunta.
Únicamente el ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, voto a favor de la propuesta presidencial en todos sus términos, tanto a favor de su aplicación como de la pregunta propuesta por el Jefe del ejecutivo en su propuesta.
El presidente de la SCJN argumento en defensa de la propuesta presidencial y en contra del proyecto de inconstitucionalidad presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales, que la Consulta “no transgrediría la presunción de inocencia de los expresidentes, pues no se está preguntando si son culpables o no, sino si las autoridades deben investigarlos”.
Para luego proponer que se desvinculara, o no fuera vinculatoria, es decir que no obligara a los órganos e instituciones de procuración y administración de justicia a actuar en consecuencia de los resultados de la Consulta, aún y cuando en ella participará el 40% del padrón electoral, como lo establece la LEY.
Si no se iba a actuar en consecuencia ¿ para qué gastar cientos, sino miles de millones de pesos en el proceso de la Consulta Popular”?
Y fue más allá, como López Obrador, declaró que también quiere defender la democracia en México –muy reciente según dijo el presidente ante la ONU- y llamo a sus diez colegas a la Corte no perder la “oportunidad histórica” de abrir la puerta a la participación de ciudadanos “cuyas voces usualmente son excluidas del debate público”.
Como parte de un posicionamiento-discurso de 34 minutos, Zaldívar subrayo:
«Esperaría que hoy la Corte no desaproveche la oportunidad de asumir con responsabilidad histórica su rol de protección de los derechos humanos de participación política, no nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a los ciudadanos participar en las grandes decisiones nacionales”.
Al final Zaldívar Lelo de Larrea se quedó sólo, de los otros diez ministros quienes votaron a favor de realizar la consulta, cinco de ellos, seis contando al Presidente de la SCJN, también lo hicieron por cambiar la pregunta.
Únicamente tres, Luis María Aguilar Morales, ponente de la propuesta en contra; Norma Lucía Piña Hernández, y Javier Laynez Potisek, mantuvieron su postura contra la Consulta en todo momento.
Aún falta, como lo explicó el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, cámara que recibió el dictamen de la SCJN, que el presidente de la Mesa Directiva, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar lo publique en la Gaceta Parlamentaria, y se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del propio Senado, para la elaboración de un dictamen.
Ese dictamen deberá ser aprobado por la mayoría de las dos cámaras, y el Congreso expedirá la convocatoria de la Consulta Popular mediante decreto, la notificará al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes, y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Un procedimiento cuesta abajo por las mayorías de Morena en ambas cámaras, ojalá las “lealtades a ciegas” queden a un lado y no desaten una cacería de brujas contra todos los “actores políticos” de “los años pasados”.
San Lázaro tenemos casi un año para meditar y contestar con aplomo si queremos que se aplique o no la LEY. Contra todos los que generaron víctimas a su paso.
