Alejandro Rodríguez Cortés*.
Mucho se ha escrito sobre la decisión dividida de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: habrá pregunta, pero ésta se cambió y es tan confusa como inocua; habrá consulta, pero no para juzgar a los expresidentes; hay constitucionalidad, pero para confirmar lo que ya sabíamos: que la aplicación de la ley no se consulta.
Así, el presidente de la República se salió con la suya, dobló al Poder Judicial y tendrá una engañosa bandera para la campaña partidista de Morena en las elecciones de 2021.
Con el pequeño detalle de que la consulta que avaló la corte será otro proceso electoral adicional al de junio del próximo año. Pero como es un par de meses después permitirá a Andrés Manuel López Obrador engañar durante toda la primer mitad del año con el cuento chino de que podría llevar a prisión a sus antecesores. Estará pues, sin estarlo, en la boleta de los comicios intermedios para renovar 15 gobiernos estatales y la totalidad de la Cámara de Diputados.
Un nuevo episodio de surrealismo. Como la rifa de un avión que no se rifó. Como el juicio de Emilio Lozoya sin Emilio Lozoya, porque nadie lo ha visto. Como la pandemia bien manejada, porque no se desbordó la capacidad hospitalaria aunque los muertos hayan sumado cientos de miles. Como el “vamos bien” aunque la economía haya perdido casi una quinta parte de su valor.
Pero estas raras y ominosas contradicciones eso no es todo: la consulta que avaló la Corte costará la friolera de 8 mil millones de pesos.
Sí, una suma mayor a los aproximadamente 6 mil 800 millones que vale el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), que será desmantelado este martes de la Cámara de Diputados; una suma parecida al también sentenciado Fondo de Apoyo a la Actividad Minera (FIFOMIN); muchísimo más que los 300 millones que no se destinarán más al prestigiado Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), o que los 220 millones del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE)
Son 8 mil millones de pesos que se gastarán por capricho presidencial, avalado por la Corte, cuando se le están quitando recursos a los fideicomisos que apoyan la investigación científica y soportan instituciones de élite mundial, como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
Sí. Vivimos en un país que además de darse el lujo de perder 600 mil millones de pesos en la necia apuesta por el petróleo y por Pemex, gastará 8 mil millones de pesos en el empeño presidencial por mostrar su pleno poder, aún por encima del único contrapeso que nos quedaba: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presionada descaradamente desde el púlpito mañanero del poder Ejecutivo.
Pero “tenemos recursos”, dice el autodescrito como austero presidente López Obrador. Pues cómo no, si desmantela fideicomisos públicos y amenaza con disponer de los multimillonarios fondos administrados con las Afores, aunque éstos sean propiedad exclusiva de los trabajadores que tienen una cuenta individual para su jubilación.
La farsa de la mal llamada Cuarta Transformación pasa, sin embargo, con la supuesta disponibilidad de ese dinero. Porque prometen liberar casi 70 mil millones de pesos con la disolución de fideicomisos pero aseguran que los apoyos seguirán llegando a los beneficiarios, nada más que en forma directa. ¿Entonces en dónde quedan los supuestos ahorros?, preguntamos los escépticos, por no decir incrédulos.
¿Vendrá una nueva andanada de ataques contra el Instituto Nacional Electoral para aplicarle la guillotina de la austeridad republicana y echarle la bolita de sacar de las piedras los 8 mil millones para la absurda consulta?
¿Estará esta cantidad presupuestada en el paquete económico previamente enviado para su aprobación al Congreso de la Unión y que se discutirá en los próximos días? ¿Sacrificarán más programas y despedirán más empleados federales?
Ahí les dejo esas preguntas, para quien todavía piensa que 2021 será mejor que el infame 2020.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista
