Rubén Cortés.
Jaime Bonilla, el gobernador que quiso violar los principios de democracia, los principios de certeza electoral y los principios que prohíben el fraude a la Constitución, va ahora por un Maximato de cuarta al imponer un candidato investigado por el gobierno federal.
Sí: el gobernador de Baja California pretende como sucesor a Mario Escobedo, su secretario de Economía, a quien el 2 de enero el gobierno federal le abrió una investigación por enriquecimiento y obtención de recursos de procedencia ilícita.
Pero se trata de la marca de la casa en la actual administración: la imposición, todo por la fuerza, como delineó en su verbo carcelario Ignacio Taibo, cuando fue impuesto ilegalmente en su puesto de librero del régimen: “Se la metimos doblada, camaradas”.
Por ejemplo, 10 superdelegados que puso el gobierno a repartir el dinero de nuestros impuestos en los estados, van a ser candidatos a gobernar en 10 estados en los que repartieron el dinero de nuestros impuestos. Y háganle como quieran y eso es lo que hay.
O sea, al más puro estilo Taibo. Y Bonilla le hace el honor usando todos los recursos de la gubernatura para dejar en el cargo a Escobedo, y seguir controlando Baja California a través de éste, un empresario como él.
En Baja California, Escobedo es tristemente célebre por ser un chapulín de la política que militó en el PRI, después en el PAN y hoy en Morena; así como por una larga lista de acusaciones e investigaciones que pesan en su contra a nivel federal y local.
Veamos:
–Lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento y obtención de recursos de procedencia ilícita, en un asunto de la empresa gasera Blue Propane.
–Lo investiga la Secretaría de la Función Pública (denuncia con folio 130620-2019) por presuntamente recibir sobornos de particulares.
–Lo investiga la Fiscalía General de la República (carpeta con folio CEDAC-0451226-2019-12-WEB) por presuntos delitos de soborno y cohecho.
–Lo investiga la Secretaría de la Función Pública de Baja California (denuncia número 2019121) por los presuntos delitos de soborno y favorecer a particulares.
–Lo investiga la Fiscalía de Justicia de Baja California por los supuestos ilícitos de cohecho, intimidación, tráfico de influencias y promoción de conducta ilícita cometido contra particulares.
Bonilla quiere imponerlo al igual que casi consigue imponerse a la ley para quedarse a gobernar cinco años, en lugar de los dos años para los que aceptó ser electo. Sólo que la Suprema Corte se lo impidió de manera inesperada.
Sin embargo, gran daño haría el gobierno federal a Baja California si, en pago por haberle dado palo en su intentona, le deja pasar a Mario Bustamante para que implante un cacicazgo.
Un daño incuantificable.
